“Venimos a exhortar a los señores legisladores, en particular a los abogados, para que honren su juramento y no se desperdicie esta oportunidad histórica de realizar un verdadero debate para el mejoramiento del Poder Judicial, en aras de asegurarle a todos los argentinos, principalmente a los desposeídos y postergados sociales, el acceso a una Justicia independiente, idónea y rápida, otorgando la participación adecuada de la abogacía del país”, expresa el comunicado que presentaron este jueves la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) e integrantes de colegios de todo el país.
De esta forma, se posicionaron, en líneas generales, en contra de los proyectos de reforma judicial elaborados por el Ejecutivo y presentados en el Congreso de la Nación esta semana, haciendo un análisis concreto en cada caso. La cita fue en la sede del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), y después de la lectura del documento, Jorge Rizzo, titular de la entidad, junto a Ricardo De Felipe (FACA) y Bienvenido Rodríguez Basalo, del Colegio de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), explicaron en detalle
Con respecto a la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura, los colegios firmantes opinaron que viola el artículo 114 de la Constitución Nacional, en tanto establece que “el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”.
Al mismo tiempo, criticaron que el proyecto no garantice en absoluto la independencia del Poder Judicial, ya que los consejeros tendrán “directa vinculación (…) con el partido político que los proponga”, de modo que existirán parcialidades manifiestas.
Cuando un periodista preguntó a los colegiados acerca si no consideraban que el Consejo tenía ya una representación con implicaciones políticas, Jorge Rizzo respondió: "hay, ante todo, una diferencia vital, y es que de una forma se respeta la Constitución y de la otra no. Los representantes elegidos por el Congreso deben mantenerse de la misma forma, caso contrario, habría que “modificar” la Carta Magna.
Además, Rizzo destacó que “el artículo (por el citado de la Constitución) no lo escribimos nosotros”, a la vez que destacó que con estas afirmaciones no iban a entrar en el binomio de “K y anti-K”, porque siempre tuvieron una “posición independiente, que representa a los abogados”.
Más tarde los expositores se expidieron acerca de las medidas cautelares, para lo que consideraron que las reformas propuestas por la presidente traerían, indefectiblemente, problemas de distinta índole para jubilados y pensionados, pero, sobre todo, un retraso del servicio de Justicia que a la edad de esas personas no se “puede aceptar”.
Con esta iniciativa, Rizzo, que realizó las declaraciones que probablemente generarán mayor repercusión, afirmó que lo que se “buscó es poner al Estado en mejor posición que los particulares”, afirmando al mismo tiempo que él mismo ha tenido problemas por la presentación de medidas cautelares que se mantienen sin definición.
En este orden de ideas, llegó la crítica a la creación de nuevas cámaras de Casación, en un análisis que toma elementos de los puntos señalados sobre las medidas cautelares. Según alegaron los integrantes de diferentes colegios, de esta forma solo se dilata más el proceso, dado que la Corte Suprema siempre será el tribunal que brinde la última posición, con lo cual no se cambia el curso de las causas, solamente se las alarga al agregar una nueva instancia intermedia.
En términos más generales, y ante las preguntas periodísticas, Rodríguez Basalo precisó que “estamos atravesando un momento trascendental que está padeciendo la Justicia”, aunque de todas maneras saludó que estas cuestiones “estén en la agenda del poder político”. En estos términos, el representante del COLPROBA consignó: “queremos dar el debate, no legislar, pero queremos que nos escuchen”.
Más tarde, Jorge Rizzo, al ser consultado por una periodista que le recordó la afirmación de la presidente sobre que los “jueces y abogados tienen coronita”, puntualizó: “Con estos proyectos, ahora la coronita la tienen los políticos”. Al mismo tiempo, destacó que “los jueces son el poder más conservador del país. Comparto con el proyecto de la presidente el lograr una horizontalidad en este sentido”.
Por último, destacó que la expresión “democratización” es mentirosa. “Yo creo que la Justicia es democrática. El 80% de los jueces que ejercen en la actualidad fueron elegidos desde el año 1983 en adelante, y en la provincia de Buenos Aires el 54% llegaron a sus funciones a partir de 2003. La Justicia es democrática, solo hay que mejorarla en varios aspectos”.
dju
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