A raíz del envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de los proyectos que buscan reformar la Justicia en nuestro país, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales del mundo del Derecho se pronunciaron al respecto. Qué dijeron y cómo se posicionaron.
Con la llegada de los proyectos de ley para reformar la Justicia al Congreso, tanto actores políticos como medios y personalidades de distintos ámbitos emitieron una opinión en torno al tema. Pero también hubo críticas y posicionamientos de otra índole: los de las asociaciones y organizaciones que pertenecen al mundo del Derecho.
Quizás una de las declaraciones más sorpresivas pertenece al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que tiene afinidad con el oficialismo (su director es el periodista de Página 12, Horacio Verbitsky), desde donde cuestionaron la iniciativa que propone regular las medidas cautelares contra el Estado.
En estos términos, desde el CELS afirmaron que “algunos puntos del proyecto que plantea limitar las medidas cautelares son cuestionables en su constitucionalidad, ya que podrían afectar seriamente a esta herramienta como parte de la garantía de tutela judicial efectiva”.
En concreto, los integrantes de la organización manifestaron críticas al afirmar que las cautelares son herramientas que sirven para otorgar una tutela rápida y efectiva ante la falta del cumplimiento de derechos esenciales.
Según manifestaron desde el Centro, ellos mismo han utilizado el sistema para “asegurar, entre otros supuestos, el acceso a la educación de migrantes, la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas, la suspensión de normas limitantes en forma inconstitucional de la libertad personal o la suspensión de actos administrativos de expulsión de migrantes”.
“El CELS sostuvo, a través de un amicus sobre la aplicación de la ley de medios, que debía garantizarse también un uso racional de estas herramientas a partir de la ponderación de situaciones en las que son usadas por actores para defender sus propios intereses económicos en perjuicio del Estado y del interés social”, explicaron en su comunicado.
En tanto, desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtieron que los proyectos elaborados por el Poder Ejecutivo promueven la “partidización” de la Justicia y establecen un control “oficial” sobre el Consejo de la Magistratura.
Los integrantes de la ADC expresaron una “profunda preocupación por la orientación general de los cambios impulsados, ya que lejos están de democratizar la justicia y de atacar los problemas fundamentales que afectan al Poder Judicial”.
“Por el contrario, el proyecto del Poder Ejecutivo nacional promueve la partidización de la administración de justicia y permite un control absoluto del partido de gobierno sobre el Consejo de la Magistratura, desvirtuando así el mandato constitucional y afectando gravemente el estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia de la justicia”, puntualizaron en su comunicado desde la organización.
Los miembros de la ADC admitieron que “si bien el paquete de reformas incluye valiosos cambios tanto en materia de trasparencia y acceso a información judicial como con relación al ingreso a la carrera judicial, ellos no compensan de manera alguna las gravísimas consecuencias institucionales y legales que acarrearán los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura, las modificaciones al sistema de medidas cautelares, y la creación de nuevos tribunales de casación”.
Por su parte, desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) expresaron que “se hace necesario que la sociedad en su conjunto y en particular los operadores jurídicos directamente vinculados (magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados y organizaciones profesionales) se comprometan en la remoción de los obstáculos que impiden que ese Poder Judicial sea también un vector que facilite las transformaciones profundas que el país requiere”.
Los integrantes de la AAL señalaron que “las contradicciones se manifiestan en todos los campos: en la designación de magistrados, en la distribución de las competencias, en la calidad del trabajo de los Judicantes y en sus productos, es decir la jurisprudencia. Asimismo aquéllas se expresan en los grados de independencia de los jueces respecto de los otros poderes políticos, económicos, sociales, y confesionales”.
En este orden, también destacaron que hay muchas medidas que deben ser tomadas para que se realice un verdadero mejoramiento en el servicio de Justicia, entre ellos, la cobertura de todos los juzgados vacantes y que los cargos en el Poder Judicial sean ocupados por postulantes “idóneos”.