Comenzó en Tribunales el paro por 72 horas | La Corte declaró inhábiles los días de paro | Independencia judicial según Jufejus
Paro en Tribunales
Este miércoles cientos de trabajadores judiciales comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo para iniciar un “paro con movilización al Congreso” en protesta por los proyectos del Gobierno para la denominada “democratización de la Justicia” en las escalinatas del Palacio de Tribunales. Convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el paró incluyó para este miércoles la marcha al Congreso.El jueves y el viernes tendrá la modalidad de “cese total de actividades”.
Los días del paro de judiciales, inhábiles
A través de la Acordada 8/2013, la Corte Suprema dispuso que los días 17, 18 y 19 de abril sean declarados inhábiles "para todos los Tribunales Nacionales y Federales del país, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos". Lo hizo sobre la base de una petición realizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a raíz del paro convocado por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).
Jufejus sobre la reforma
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) se refirió a la independencia judicial en las Jornadas Institucionales de Ministros de Cortes, haciendo una clara alusión a la discusión legislativa que se está dando en torno a la reforma de la Justicia. Su titular, Luis Lozano, refirió que "un Poder Judicial independiente es el pilar del estado de derecho, y recordó que no existe un estado de derecho si la función jurisdiccional no es ejercida por jueces independientes e imparciales. Esta no es una visión corporativa ni de los propios jueces, sino por el contrario es una convicción compartida por los estadistas del mundo”. En este mismo sentido, el magistrado consideró que “por carácter transitivo jueces independientes e imparciales son esenciales para esos logros y la independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad ética, son un prerequisito esencial para el sostenimiento del estado de derecho y asegurar que no haya discriminación en la administración de Justicia”.