La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña con el propósito de frenar las diferencias en entre el pago en efectivo y con tarjeta. Los detalles de la iniciativa.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una iniciativa que busca eliminar y “exponer” las diferencias en los precios que realizan los comerciantes en el precio entre el pago en efectivo y con tarjeta de crédito.
En concreto, la iniciativa, elaborada luego de una investigación realizada por el defensor adjunto Andrés Elisseche, propone que se determine que todos los comercios de la ciudad exhiban un cartel que indique que la ley de tarjetas de crédito prohíbe efectuar diferencias de precio entre pagar al contado y con tarjeta.
De aprobarse el proyecto los comercios deberán exhibir la leyenda: “Sr. Consumidor: La ley de tarjetas de crédito prohíbe efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta (Art. 37, inc. c), Ley 25.065)”.
Asimismo, la iniciativa sostiene que “todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán exhibir un cartel en un lugar visible, al público al momento de efectuar el pago, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm”.
Por otra parte, dispone como autoridad de aplicación de esta norma propuesta a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que la reemplace.
Entre los fundamentos, se señala que “la razón de proteger el derecho a la información de consumidores y usuarios… se halla en la necesidad de suministrarles conocimientos de los cuales legítimamente carecen y en la desigualdad evidente que tienen respecto del proveedor sobre los productos y servicios”.
Por ello, “si bien la ley no establece expresamente que la información deba darse por escrito, en algunos casos bastará con suministrar la información a los interesados mediante un cartel de fácil lectura”, consignan en el proyecto.
“La Legislatura de la Ciudad ha sancionado otras normas en la que se obliga a los privados a difundir la normativa vigente a efectos de que el consumidor tenga la posibilidad de informarse sobre sus derechos, entre las que merecen destacarse las Leyes nros. 2.013, 3.008 y 1207, entre otras”, argumentan.
Es que “para ejercer un derecho, primero, resulta necesario conocerlo”, concluye entre sus argumentos la iniciativa enviada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.