El Senado aprobó la ley que reforma la composición, el funcionamiento y establece la elección por el voto popular de los consejeros de la Magistratura de la Nación. No será requisito ser abogado para postularse a consejero y con mayoría simple se podrá designar o suspender un juez. También se reguló el ingreso a la Justicia -volverá a Diputados-, la publicidad de los actos del Poder Judicial y el acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes.
Con 38 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el Poder Ejecutivo, por lo que a partir de ahora, el órgano que nombra y destituye a los jueces de todo el país contará con 19 integrantes -hoy son 13- de los cuales seis, para completar la nueva composición, deberán ser elegidos en las urnas en las próximas elecciones legislativas de octubre.
De todos modos, la nueva ley estipula que “la cantidad total de miembros podrá excepcionalmente exceder el número de 19 consejeros” hasta los comicios presidenciales de 2015, que será cuando quede conformado completamente el nuevo Consejo elegido íntegramente en las urnas.
Por lo tanto, los representantes de los estamentos académico (6 consejeros), de los abogados (3 representantes) y de jueces (3 delegados) se elegirán por el voto popular durante las elecciones presidenciales de 2015. Y luego deberán ir a las urnas en el siguiente comicio presidencial (2019).
Una novedad sustancial para la nueva Magistratura es que no será requisito que los postulantes ser abogado o Licenciado en Derecho, condición exclusiva hasta ahora para todos sus miembros.
La reforma de la Magistratura también alterará el funcionamiento del cuerpo: se modifican las mayorías para designar y remover jueces. Hoy se exige el voto de los dos tercios. La nueva ley impone una mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros. No obstante, se mantiene la mayoría agravada de dos tercios para destituir a un juez.
En un principio, el texto del proyecto estipulaba la quita a la Corte Suprema de las "facultades de superintendencia del Poder Judicial", como administrar el presupuesto, nombrar, ascender o sancionar empleados. Pero la Cámara de Diputados tumbó ese apartado. La oposición consiguió que el Máximo Tribunal mantenga el control de los fondos de todo el Poder Judicial.
A todo esto, Organizaciones de abogados y jueces y partidos políticos de la oposición se preparan para presentar a partir de este jueves planteos en distintos tribunales en contra de la reforma.
Está previsto que los amparos por se efectúen tanto en el fuero Contencioso Administrativo como en la Justicia Electoral, ya que la ley establece que los partidos o frentes electorales podrán llevar candidatos para el organismo si utilizan la misma denominación en 18 de los 24 distritos del territorio nacional, estructura que solo posee hoy el Frente para la Victoria.
Reforma judicial casi completada
La Cámara de Senadores aprobó anoche otres tres proyectos de ley: regulación el ingreso a la Justicia por concurso, la publicidad de los actos del Poder Judicial y el acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes.
Salvo la legislación sobre "Ingreso Democrático al Poder Judicial", que debe regresar a Diputados en segunda revisión, las otras dos normas fueron convertidas en ley. Estas iniciativas se suman a las ya sancionadas leyes de la creación de tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional Laboral; y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado Nacional.
Los cambios planteados en el Senado al proyecto recibido de Diputados sobre "Ingreso democrático al Poder Judicial" impulsan que la Corte Suprema se ocupe de la administración de sus recursos y del personal. El proyecto recibió modificaciones en cinco artículos a propuesta del oficialismo y fue aprobado por 42 votos a 23.
La iniciativa le otorga al Máximo Tribunal poder para, por ejemplo, disponer la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos ya que, además, se constituirá en la autoridad de aplicación. Asimismo, la lista de postulantes se detallará en la página web de la Corte, al igual que la orden de mérito de los concursos.
Finalmente, y haciendo lugar a un requerimiento hecho por varios camaristas, se considerará como una "excepción" que el titular de cada una de esas dependencias designe de forma directa dos cargos letrados.
Por otro lado, el Senado convirtió en Ley dos proyectos más recibidos desde la Cámara de Diputados. Se trata de la Ley de Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado vía web y de la Ley de Publicidad de los Actos del Poder Judicial.
Un nuevo Consejo de la Magistratura
El cuerpo judicial estará compuesto por 19 consejeros: tres jueces, tres abogados, seis académicos de cualquier disciplina; seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Todos serán elegidos por “el Pueblo de la Nación por medio de sufragio universal”.
Durante el debate, se produjeron algunos intercambios y acusaciones entre los senadores. Liliana Negre de Alonso (PJ) afirmó que con estas iniciativas se “está iniciado el camino hacia una dictadura”. En este mismo orden de ideas, consignó que la “participación popular” se limita con el proyecto tal como está.
En relación a esta cuestión, Marcelo Fuentes (FpV) contestó que “toda vez que se extienden derechos o se pone coto a privilegios, las oposiciones son muy grandes”, a la vez que recordó “el agravio de las fuerzas políticas que decían que la norma es proscriptiva”. Nuevamente, atacó el argumento de Negre de Alonso y destacó que “todos los partidos políticos que puedan presentar candidatos a presidente van a poder presentar candidatos a consejeros”.
Al mismo tiempo, el legislador oficialista reconoció que la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo no garantiza nada, pero sí pone en cuestión y analiza un Poder que “fue funcional al interés económico”.
Ernesto Sanz (UCR), nuevamente apuntó contra el proyecto alegando que su carácter es proscriptivo. Por eso manifestó que todo esto viene de la mano de las intenciones del “kirchnerismo de elegir y destituir a los jueces que se les antoje”.
Ya en otra ocasión, el senador radical había afirmado que “el corazón del proyecto no ha sufrido ninguna modificación. El corazón es la modificación de la integración, del proceso de selección y de las mayorías. Es un avance de este y de cualquier oficialismo sobre un organismo que debería estar absolutamente alejado de cualquier manejo partidario”.
Su par, Luis Naidenoff (UCR), consignó que “con esta reforma, el temor electoral lo tienen ustedes. El Gobierno está con pánico electoral, los lleva a que hoy estemos tratando una reforma electoral tramposa”.
Por otro lado, Sonia Escudero (PJ), agregó a la discusión que las modificaciones que plantearon desde el oficialismo “no han solucionado los problemas de constitucionalidad” que posee la iniciativa, a la vez que advirtió que “se violará el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza ser juzgados por un juez imparcial”. Y concluyó: “Se pulveriza la división de poderes”.
Pliegos del Sur OK
El Senado aprobó esta tarde por 40 votos afirmativos contra 25 negativos los pliegos de 21 conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el tribunal que tiene jurisdicción para entender en causas de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las designaciones habían sido aprobadas la semana pasada en la comisión de Acuerdos que preside el senador Marcelo Guinle, en una audiencia que no contó con la presencia de los bloques opositores.
Se trata de los doctores Francisco Metaza; Leticia Jaramillo, Eduardo González, Facundo González Figueroa, Fernando Tanarro, Angel Vázquez, Andrea Askenazi Vera, Sergio Sepúlveda Yañez, Alejandro Baldini, Mauricio Mariani, Jorge Echelini, Ricardo Gerosa Lewis, Miguel Donnet, Juan Pais, Eugenio Mata, Rosa González, Ana Zilberberg, Manuel Raimbault, Federico Bilota Ivandic, José Paños y José Pellegrino.