La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que prevé la regulación de las medidas cautelares en contra del Estado. Las críticas señalaron, fundamentalmente, que el Gobierno no quiere hacerse cargo de los juicios de jubilados contra la ANSES. Incorporaron algunos cambios propuestos por el CELS.
A pesar de que la oposición no colaboró, el oficialismo logró el quórum sin problemas, como todos estos días.
Las discusiones en torno a la iniciativa que regula las medidas cautelares contra el Estado comenzaron a raíz de ya desde su anuncio. Pero, más tarde, se sumaron las diferencias de sectores afines al Gobierno Nacional y fue entonces cuando la discusión pareció perder los estribos en el contrapunto que protagonizaron en el plenario de comisiones Julián Álvarez con Verbitsky. Pero, de todas formas, el oficialismo logró aprobar, a través de su mayoría, la propuesta que se debatió este jueves en el Senado.
Con estos señalamientos realizados por el CELS, desde el Ejecutivo decidieron incorporar algunas de las sugerencias y terminaron por realizar cambios al proyecto original, tal como lo anunciara el Secretario de Justicia el miércoles.
Fundamentalmente, el primer párrafo del segundo apartado quedó redactado de la siguiente manera: “La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.
Esta previsión también será aplicada en los apartados tercero del artículo cuatro; en el segundo párrafo del artículo cinco; en el apartado dos del artículo diez; y, por último, en el apartado tres del artículo 13. Pero, de todas formas, no se agregó la redacción en cada uno de los puntos, solo se hizo una referencia al párrafo citado.
También se eliminó la referencia al daño ambiental colectivo que figuraba en otro de los artículos. Esa referencia tenía que ver con las medidas interinas, propuestas en la iniciativa del Ejecutivo.
Finalmente, el artículo 17 agrega una excepción más: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación”.
Defendiendo la iniciativa, Pedro Guastavino (FpV), presidente de la Comisión de Justicia, consignó que ningún ciudadano se va a ver perjudicado por los cambios que introduce la nueva normativa aprobada por la Cámara Alta.
El senador afirmó que al no existir una regulación normativa en este sentido, lo único que se pretende hacer es aplicar “el Código Procesal Civil y Comercial que regula la relación entre particulares, con lo cual se desconoce el interés público que hay en un acto de gobierno por parte del Estado”.
También hubo una crítica que se convirtió en un argumento muy utilizado por los legisladores de la oposición, que es el relativo a que el Gobierno no quiere hacerse cargo de los juicios por la movilidad de las jubilaciones iniciados contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En estos términos, Luis Naidenoff (UCR), afirmó que “esta ley es de gravedad absoluta. Se despoja al ciudadano de las garantías sobre el Estado. Se avanza sobre el Estado de Derecho y se rompe el principio de igualdad ante la ley”.
Ironizó al respecto y señaló que esta es la “Ley Bossio (por Diego, el titular de la ANSES)”, a la vez que afirmó que “el eje de la reforma es el freno a los juicios contra la Anses, contra los jubilados".
Por su parte, Luis Juez, quien mantuvo su opinión crítica contra las iniciativas del Ejecutivo, manifestó que la propuesta no tiene nada de “nacional y progresista”, y que de esta forma se estaría “castigando al ciudadano”.
Finalmente el Senado dio media sanción al proyecto que prevé regular las medidas cautelares en contra del Estado. Mientras los senadores terminaban de aprobar el proyecto, en las calles se empezaba a escuchar el ruido de las cacerolas del 18A contra la reforma en la Justicia.
Ahora le toca el turno a la Cámara de Diputados, para que la iniciativa se convierta en ley.