Se trata de una iniciativa elaborada por la Comunidad Homosexual Argentina que llegó al Congreso con la firma de diputados de varios bloques. Apunta a modificar la Ley Antidiscriminatoria para que la víctima tenga el deber de probar el acto de discriminación.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) elaboró una iniciativa en miras a modificar la Ley Antidiscriminación. La misma fue recogida por diputados de diversos partidos políticos y llegó al Congreso de la Nación.
Entre los diputados que firmaron el proyecto se encuentran Diana Conti (Frente para la Victoria), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Margarita Stolbizer (GEN), Remo Carlotto (FpV) Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), Gastón Harispe (Nuevo Encuentro) y Jorge Rivas (FpV).
“Este nuevo proyecto no pide ninguna clase de represión a las personas, organizaciones e instituciones que discriminan, sino el cese y la reparación del acto discriminatorio” sostuvo Cesar Cigliutti, presidente de la CHA.
Las modificaciones agregan a la actual Ley Antidiscriminatoria “la discriminación motivada por el prejuicio a la orientación sexual e identidad de género diversa de las personas” que no se encuentran contempladas en la norma vigente.
Después, una de las modificaciones más importantes que tiene el proyecto es con respecto a la carga de la prueba ya que “ante la realización de un acto prima facie discriminatorio” se modifica lo vigente y se propone que “la carga de demostrar que el acto no es discriminatorio recaerá sobre quien lo haya realizado”.
Asimismo se consigna que “si el demandado es el Estado deberá acreditar un interés estatal urgente, que los medios utilizados guardan una relación sustancial con el logro de dicho interés, y que no existen otras alternativas menos lesivas para obtener el mismo fin”.
Mientras que “si el demandado es una persona privada, debe acreditar un interés legítimo preponderante y la existencia de una relación sustancial entre los actos cuestionados y tales fines", explica la iniciativa.
“El texto establece la inversión de la carga de la prueba, la reparación de los daños patrimoniales y no patrimoniales, como así también la legitimación de exigir el cumplimiento de la ley por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”, explicó Paradiso Sottile, Secretario y Coordinador del Área Jurídica de la CHA.