Por esto y esto aprobamos la reforma judicial

El Ministerio de Justicia de la Nación y la Universidad de La Matanza organizaron un "Congreso sobre democratización de la Justicia" con el título de "la sociedad le habla a la Justicia". En el encuentro oficialista se defendió la reforma judicial que aprobó el Congreso la semana pasada con la presencia de funcionarios, ministros, legisladores oficialistas, jueces, fiscales, defensores y abogados de todo el país.

Por qué la reforma del Consejo de la Magistratura

Uno de los paneles fue referido a la reforma del cuerpo que elige y remueve a los jueces. La magistrada de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, respaldó la nueva ley en general y criticó a la Corte Suprema en particular.

A tal efecto, señaló que la critica, proveniente de los jueces, en contra de la"politización" del consejo, era una "queja vacía, ya que todos los jueces, si bien se exige que sean apartidarios, tienen una ideología".

"Los jueces dicen que no quieren politización, que quieren trabajar tranquilos, pero tener un juicio laboral por 4 años, llevar a juicio a un funcionario publico 10 años después del hecho y sobreseerlo por una prescripción, o dictarle prisión preventiva a alguien acusado de robar una botella de cerveza, es claramente algo político".

A continuación, se despachó en contra de la actitud de la Corte frente a la reforma. La jueza penal cuestionó que "la Corte no haya puesto en discusión el nuevo sistema de mayorías, ni la nueva composición del consejo, sino que haya puesto el grito en el cielo por la administración de sus fondos".

En tanto, Ignacio del Veccio, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, resaltó la amplia convocatoria y se lamentó porque el debate no fuera iniciado con anterioridad. "Se tendría que haber iniciado cuando se propuso la reforma del Código Civil", opinó.

A pesar de que la institución que representa se opuso a la reforma de la Magistratura, él manifestó su acuerdo con la misma. Del Vecchio subrayó que el actual consejo también se encontraba "politizado", y dio como ejemplo que en la última elección del consejero representante de los abogados del interior, "el elegido ganó con la ayuda del aparato de un partido político".

La postura de los consejeros y senadores del oficialismo estuvo en cabeza de Carlos "Cuto" Moreno y Marcelo Fuentes. El primero hizo incapié en las "irregularidades" en el nombramiento de jueces para la causa Clarín, y afirmó en consecuencia que el sistema de subrogancias era un "Forum Shopping".

"Como el juez subrogante es nombrado por la Cámara, al finalizar la causa renuncia ante la Alzada y el Consejo no lo puede llamar a que declare", señaló.

Fuentes, por su lado, señaló que la elección popular de consejeros no posee impedimento alguno  en la Carta Fundamental. "No hay argumento jurídico en contra de la reforma", expresó. Fue una frase que se escuchó innumerables veces a lo largo de todas las exposiciones.

El consejero concluyó su ponencia con una declaración de principios: "El Derecho no es neutro, no se crea por el debate entre académicos. El Derecho se obtiene a partir del desarrollo de las luchas populares", concluyó ante el estruendoso aplauso del auditorio.

Por qué la ley de cautelares

En la carpa denominada "cautelares y defensa el del estado", el juez Gabriel Pérez Barbera, de la Cámara Civil de Córdoba, expuso acerca de la constitucionalidad de la nueva norma. 

Su ponencia se inició expresando la necesidad de distinguir aquello que es un ley con la que no se esta de acuerdo, con una ley inconstitucional. "Podría tolerarse que lo diga alguna persona relacionada con la política, pero resulta inadmisible que lo haga un juez", exclamó.

En tal sentido, dejó en claro lo que implica una declaración de inconstitucionalidad por parte de un juez, ya que "si a un juez no le gusta una ley y la declara inconstitucional, ello significa su inaplicabilidad en todo el territorio". Por eso siguió: "Ningún juez esta autorizado a ello".

En otro pasaje, Pérez Barberá siguió con la critica a las sentencias de los magistrados, al expresar que "el control de constitucionalidad queda definido por la ideología de los jueces". Además de ello, destacó que no había argumentos técnicos en contra de la ley.

El juez cordobés también sostuvo que el derecho constitucional que podía estar comprometido en la ley de cautelares era el del acceso a una tutela judicial efectiva. En ese aspecto, desarrolló dos lineas argumentales por las que se critica la ley, para luego refutarlas. 

La primera fue la critica sobre la necesidad de un régimen de medidas cautelares amplios, porque son las que "garantizan los derechos". El argumento del expositor radicó en que existen otros mecanismos mediante los cuales "se puede tener el acceso a una tutela judicial efectiva, que son los procesos ordinarios".

"Si fuera cierto que las cautelares son el único mecanismo de protección de derechos, ello implicaría que serian inconstitucionales las vías ordinarias". Ello dio pie al tratamiento del otro argumento en contra la ley, relacionado con la proporcionalidad o razonabilidad de la norma.

Segun Barberá, la ley aprobada cumple los requisitos de legitimidad del fin de la norma, ya que su objeto radica en terminar con el abuso de las cautelares, "y esto me pasa todos los días, cuando tengo que revisar sentencias de primera instancia que dictaron cautelares por cualquier motivo".

Además, la ley también respetaba los requisitos de idoneidad en los medios para la sanción de una norma, necesidad de su implementación y de la adecuación de las restricciones en relación con los derechos que se restringen, continuó el magistrado.

Otro eje por el cual se desarrolló el debate fue el del control de constitucionalidad difuso del derecho argentino, que fue objeto de numerosas criticas. Para el expositor, ese aspecto debería ser "blanco de próximas reformas". 

Luego expuso el diputado Luis Cigogna, presidente de la comisión de Legislación de la Cámara baja. El legislador leyó partes pertinentes de la ley aprobada y resaltó el valor de la ley, que "vino a llenar un vacío legal" ya que la ley "trataba al Estado como un particular mas", lo que, según él no era adecuado, puesto que "el Estado somos todos".

"Lo destacable de la ley es que establece una presunción de legitimidad de todas las leyes emanadas de los poderes del estado", afirmó a continuación, y finalizó su ponencia haciendo un comparativo entre la nueva ley dictada y las leyes al respecto en las provincias y en el Derecho comparado.

El momento mas álgido de la tarde fue cuando habló Gustavo Ferreyra, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, quien puso en cuestionamiento a la constitucion desde sus cimientos

En tal sentido, hizo una critica histórica de la "importación" del texto de nuestra Carta Magna de la  de los Estados Unidos, "pero en EEUU hubo un exhaustivo debate sobre cómo se quería regir la administración de Justicia". Y siguió: "Tenemos una Constitución hace 160 años y nunca la discutimos, por eso celebro el debate que se esta haciendo", admitió.