Línea de cuatro para defender la reforma

El debate sobre la democratización de la justicia no tuvo su punto final con el fallo de la Corte Suprema en la causa “Rizzo”, sino que sigue habiendo nuevos capítulos.

 

Esta vez, La Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (REDPO), un órgano del proceso de integración regional, cuya finalidad es “promover el fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas de la región”,  emitió hoy un comunicado, denominado “Declaración de Montevideo”, sobre la democratización.

 

Con la firma de Stella Maris Martínez, Ciro Araujo, Alfonso Carlos Roberto Do Prado y Beatriz Gilardino, en representación de Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay, respectivamente, como Estados parte del Mercado Común, los defensores manifestaron su posición sobre el asunto.

 

Lo hicieron en el marco de la XVIII Reunión Ordinaria de la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercado Común del Sur.

 

En el preámbulo de la misma, indicaron que la declaración se efectuaba “resaltando que la soberanía radica en el Pueblo, y que su voluntad es el fundamento de la autoridad ejercida a través de los órganos del poder público”.

 

Por otra parte, también se hacía reafirmando “el derecho que tienen los ciudadanos de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, así como de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos” y destacando “la responsabilidad que tienen los Estados de brindar un sistema de justicia democrático, eficaz, justo, humano y que garantice la igualdad y la protección efectiva de los derechos de las personas que se encuentren en sus territorios”.

 

Reconociendo, asimismo “que los sistemas judiciales, como la Defensa Pública y la transparencia de los mismos constituyen pilares fundamentales en la consolidación del Estado de Derecho”, y entendiendo que era necesaria “la mejora del acceso a la información en todas las instancias del proceso, con el objetivo primordial de reforzar la confianza de la sociedad sobre el sistema judicial y la Defensa Pública”.

 

Las palabras preliminares continuaron girando en torno a destacar “que los procesos de reforma constitucional desarrollados en la historia reciente de nuestra región se han orientado a reforzar la institucionalidad y han incorporado mecanismos destinados a complementar sus sistemas judiciales y transparentar la actuación de los aplicadores de la ley”.

 

Sumado a ello, también la necesidad de resaltar que, para avanzar “en la consolidación y profundización del modelo democrático de inclusión social, basado en el respeto de los Derechos Humanos y en la protección de los sectores en situación de vulnerabilidad”, es necesaria “la concientización de todos los habitantes en cuanto a la responsabilidad que les cabe como motor de ese avance”.

 

La introducción también se refirió respecto del entendimiento, de que en la región se ha avanzado “en la consolidación de un concepto de ‘acceso a la justicia’ reafirmándolo como un derecho que va más allá del acceso a la jurisdicción, y habilita canales que la acercan a todos los habitantes, reforzando el contenido social de su concepto y el carácter universal y gratuito de su cometido”. Subrayando “la importancia de impulsar propuestas que garanticen un servicio de justicia más eficaz, legitimo e independiente de los intereses particulares, políticos y económicos ajenos al bien común”.

 

Con estas palabras preliminares, los integrantes de las Defensorías de los países miembros del proceso de integración regional declararon “su voluntad de avanzar en la consolidación de una concepción regional del valor Justicia que, recogiendo los principios y postulados plasmados en nuestras normas fundamentales y en el mandato recibido de nuestras sociedades, genere en un beneficio concreto para todos nuestros Pueblos”.

 

Ello, con la necesidad de fomentar en la sociedad una toma de conciencia, “de la responsabilidad que le cabe en la profundización y consolidación del modelo democrático de inclusión social y del derecho que le asiste en el acceso igualitario a la justicia”.

 

Por último, la declaración concluyó con el convencimiento, de parte de los firmantes, de que la instrumentación de los principios contenidos en la misma “contribuirá al ejercicio de la función judicial y consolidación de los regímenes democráticos de los países de la Región a partir del fortalecimiento de las instituciones y de una mayor participación e involucramiento de nuestros Pueblos”.