Brevatas

El Gobierno porteño no podrá querellar en la causa por la represión del Borda

Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretendía ser querellante en la causa que investiga la represión ocurrida hace cuatro meses en el hospital neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda. Los jueces Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas precisaron que la acción del municipio porteño "no puede prosperar pues acceder a ello instauraría en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores". Desde el Gobierno de la Ciudad había precisado que "en circunstancias en que personal de la Policía Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la construcción de los edificios del ´Nuevo Distrito Gubernamental´, un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados", y alegaron que los efectivos recibieron lesiones. Pero los camaristas respondieron que "con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales".

Un nuevo nieto recuperado

Abuelas de Plaza de Mayo anunció este miércoles la restitución de la identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, el nieto recuperado 109. Athanasiu fue secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976 cuando tenía solo cinco meses y medio. Según explicaron desde la asociación “en abril de este año, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético que logró determinar, en un 99,99 por ciento, su pertenencia al grupo familiar Athanasiu Laschan”.

Córdoba dispuso un mayor arancel para el diligenciamiento de oficios

Lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, a través del Acuerdo "106 B". Allí se determinó que a partir del 1º de septiembre, a los Oficiales de Justicia (titulares y ad hoc), se les abonará por el diligenciamiento de oficios judiciales 98 pesos, (equivalente al 50% del valor del jus), cuando la diligencia deba realizarse dentro de los límites de su jurisdicción. En cambio, "se deberá adicionar al arancel un monto equivalente al 1% del valor del jus por kilómetro recorrido de ida y vuelta a partir de los límites de la sede judicial en cuestión", cuando la diligencia se aleje de los límites del ejido municipal. Todos los importes se incrementarán en un 50% cuando la diligencia deba ser urgente o con habilitación de días y horas inhábiles.