En ese acto, que comenzará a partir de las 18 se leerá una declaración en la cual se denunciará que el pueblo “argentino sufre en la actualidad uno de los ataques más profundos y descarnados de su historia”, producto de la concentración de riquezas en manos de unos “pocos grupos económicos”.
Además, se hará mención a que en la actualidad se esta llevando a cabo la etapa final de del proceso el cual esta basado en una “desarticulación del Estado de derecho y el abandono de la población al poder absoluto de la fuerza”.
Los hombres del derecho, que invitan al encuentro a toda la sociedad, afirman que la crisis actual no se trata sólo de una “mera depresión” económica sino que se esta viviendo un “verdadero colapso institucional y político que amenaza con la propia desintegración nacional”.
En ese sentido, aseveran que los hombres que han elegido recorrer el camino de la justicia asumen desde sus lugares de argentinos no eludir el compromiso para construir la “república con la que soñaron los fundadores” y que heredarán “los niños”.
“Tenemos, como operadores jurídicos, la obligación de alertar a la sociedad toda, sobre la actividad que ejercen fuertes concentraciones económicas externas e internas para socavar los cimientos del Estado social de Derecho”, apuntan.
Asimismo, remarcan que “sin pruebas” se acusa de manera generalizada, a la justicia y los hombres de derecho de “desvalijar” al sistema financiero al tiempo que sostienen que se “pretende que las leyes se adecuen a lo factible” y no a los que de acuerdo con la Constitución Nacional y con lo justo corresponde.
Al respecto, remarcan que están convencidos de que los factores de poder que hoy actúan en el país traspasaron el “umbral de lo tolerable” y opinan que nada se puede construir sobre una cuota mayor de “hambre y de sufrimiento”para el pueblo argentino.
En tanto, alertan que si la crisis “debe afrontarse vaciando la Constitución e ignorando los derechos esenciales de los ciudadanos” y si la justicia debe “hincarse ante la realidad”, la retrogradación de la república y su pueblo será “abismal”.
En la declaración, que será leída en la recova del Cabildo de Buenos Aires, también se afirma que el Estado de Derecho ha de ser “firmemente protegido” y que en ningún caso se va a “abandonar a los habitantes de la nación a la suerte que puedan depararle los pragmatismos de la coyuntura”.
A su vez, se indica que desde la justicia no se tolerará ser un nuevo objetivo de “disciplinamiento” de ciertos organismos internacionales ni de ningún gobierno extranjero que se pretenda erigir en rector del destino de la Argentina.
“Las necesidades básicas insatisfechas de nuestro pueblo son derechos vulnerados y resultan la primera prioridad del Estado según nuestro ordenamiento jurídico y esa será la única guía en nuestra tarea cotidiana. Los intereses económico–financieros, deberán sujetarse al cumplimiento estricto de los derechos humanos” , se expresa en el escrito.
La proclama tiene las firmas del Presidente de la Asociación de Magistrados de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Russo, y de varios jueces porteños como Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori, Juan Cataldo y Patricia López Vergara, así como la del defensor oficial de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Lodeiro Martínez. Además, cuenta decenas de adhesiones, entre las que se destacan la del juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, la Defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Oliveira, los centros de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.