La Corte bonaerense dispuso, a través de una resolución, que se extienda a los nuevos organismos de la administración de Justicia la prueba piloto de comunicación electrónica de órdenes judiciales.
La voluntad de digitalizar la Justicia ya es un hecho. Las pruebas piloto y los nuevos soportes como la firma digital o el expediente electrónico son, paulatinamente, comenzados a utilizar en distintos puntos del país y las provincias buscan adherir cada vez más a la normativa que rige a nivel nacional en torno a esta cuestión.
En Buenos Aires, si bien estos procesos son incipientes, el Máximo Tribunal provincial decidió activar un nuevo mecanismo para completar el formulario de pago de tasa de servicios judiciales vía web. De esta forma, el trámite se puede acortar y solo debe hacerse presencialmente el pago del abono.
Para seguir en orden a este tipo de medidas, los integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) determinaron, a través de una resolución, que los nuevos organismos de la administración de Justicia comiencen a formar parte de la prueba piloto de comunicación electrónica de órdenes judiciales.
En este orden de ideas, los jueces consideraron que “la puesta en marcha de dicha prueba piloto ha contribuido a reducir los tiempos del proceso”, en relación a la iniciativa que ya está siendo llevada a cabo en este sentido. Esto, según entendieron, “aconseja avanzar en su implementación progresiva en otros juzgados, fueros y departamentos judiciales”.
Los magistrados destacaron que los titulares de los juzgados civiles uno, 10 y 17 del departamento judicial de La Plata, del Civil y Comercial uno de Azul (con sede en Olavarría), y del Juzgado Civil y Comercial uno de Mar Del Plata “han solicitado su incorporación a la prueba piloto, en el marco del Acuerdo de Comunicación y Tecnología”, donde también está suscripto el Colegio de Escribanos provincial.
Siguiendo este orden de ideas, los miembros de la SCBA también destacaron que “la Subsecretaría de Tecnología Informática informa que el software desarrollado no tiene restricciones para la inclusión de nuevos organismos, sin perjuicio de su progresiva implementación”.
Al mismo tiempo, los jueces recordaron que “la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad se ha comprometido, en el Acuerdo de Colaboración y Comunicación Tecnológica suscripto, a colaborar en el desarrollo de un plan de trabajo conjunto destinado a compatibilizar los procedimientos operativos”.