“El propio gobernador señaló que se había vivido una verdadera extorsión y que se estaba atentando contra la democracia”, señalaron desde la ONG Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad. Esta organización inició un proceso contra el Estado tucumano en torno al aumento salarial que se les brindó a los policías provinciales que estuvieron acuartelados en reclamo de mejoras laborales.
Los miembros de este espacio entendieron que las detenciones llevadas a cabo por la instigación al acuartelamiento, la denuncia que el propio gobierno tucumano llevó a cabo acusando el delito de sedición y la falta de una revisión de estos aumentos brindados motivaron que la Fundación considere necesaria la intervención de la Justicia, ya que sus integrantes entendieron que estos hechos representan graves contradicciones.
“El mensaje que da a la sociedad es confuso, rayano con la esquizofrenia política y el doble discurso, ya que, por un lado, protesta públicamente contra las acciones delictivas de las que fue objeto, pero, después, termina convalidándolas al propiciar el acatamiento del decreto obtenido en forma ilegal. De esta manera fomenta la anomia entre los propios agentes públicos, en lugar de anular el acto viciado”, expresaron desde la ONG.
Al mismo tiempo, desde la Fundación afirmaron que, a pesar del reclamo que llevan adelante, representan a parte del sector policial pero también al sector de la sociedad civil que se vio afectado por el acuartelamiento, dado que no comparten la obtención de un aumento a través de la coacción.
Los miembros de la organización destacaron en su presentación que “no es posible dejar incólume este decreto viciado de nulidad por la sencilla razón de que implica avalar hechos delictivos provenientes de integrantes de la institución estatal que entre sus cometidos tiene evitar violaciones a la ley e investigar la comisión de delitos”.
“La gravedad de los hechos narrados son la causa encubierta y no expresada del decreto que concedió el aumento salarial que se pretende anular. Esto debe motivar una justa reacción del Poder Judicial para hacer volver las cosas a su quicio”, agregaron los integrantes de la ONG.
Esta iniciativa viene de la mano de la gran cantidad de procesamientos e imputaciones que se realizaron en todo el país. Por ejemplo, el procurador general de Entre Ríos afirmó esta semana que los primeros días de febrero realizará una presentación contra los uniformados que llevaron a cabo la singular forma de protesta.
dju
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