Los linchamientos y la presión mediática generada en torno al tema provocaron que se ponga en discusión una vez más, y aun sin haber dejado de estar aunque sea de forma latente, el debate sobre las presuntas facilidades para salir de prisión en Argentina. Una parte de la sociedad civil considera que, sin lugar a dudas, la realidad de nuestro país indica que los "ladrones" no cumplen sus condenas o éstas son bajas.
Inclusive cuando no se puedan hacer aseveraciones sobre qué porción de la sociedad opina de esta forma por ser un tema de envergadura estructural, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) elaboró un informe que brinda algunas precisiones reveladoras sobre este asunto y acaba con algunos prejuicios relativos al tema.
Según los datos recogidos por el órgano dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), el 57% de las personas privadas de su libertad en cárceles federales no cuenta con una condena firme, y la cifra aumenta a un 72% para los presos cuyos casos son atendidos por la Justicia federal. Las mujeres presas con causas sin resolver llegan al 62%, y dentro de los hombres, el grupo más afectado es el de los adultos, con un 79% de procesos inconclusos.
Muy por el contrario de la línea editorial de algunos medios y partidos políticos, los datos que ofrece la Procuvin indican que la tendencia a encerrar personas sin una condena firme está creciendo año tras año, siendo los hombres de entre 18 y 21 años los más afectados por esta falencia procesal de la administración de Justicia.
La información parte de los datos que brinda el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de forma cotidiana y regular en base a los 28 establecimientos y 10 alcaidías a nivel nacional que administra.
Desde la Procuvin reseñaron que "la persistencia y prolongación en el tiempo de elevados índices de detenidos por órdenes cautelares de la justicia federal no encuentra justificación posible desde el enfoque de derechos".
Al mismo tiempo, el organismo dirigido por Abel Córdoba reseñó en su informe que "urge revertir la tendencia descripta, comenzando con una evaluación del funcionamiento de las políticas existentes y el diseño e impulso de políticas integrales en materia de acceso a la justicia, desarrollo de los procesos penales y prisionalización".
"El sistema de justicia federal debe realizar una revisión integral que permita dar cuenta del origen y las causas del sobredimensionamiento de detenidos federales con prisión preventiva por sobre la media general, e instrumentar medidas concretas de corto, mediano y largo plazo para revertirlo", añadieron en esta misma línea de razonamiento los integrantes del órgano dependiente del MPF.
dju
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