04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Romano seguirá con prisión preventiva

El ex juez mendocino destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados seguirá en prisión preventiva mientras es juzgado por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. La Cámara de Casación Penal homologó la prórroga de su prisión preventiva que había decidido el TOF N° 1 de Mendoza.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, homologó una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de Mendoza y prorrogó la prisión preventiva al ex juez Otilio Romano.

El ex magistrado destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se encuentra procesado y detenido por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar en aquella provincia.

El 21 de febrero de este año el TOF N° 1 de Mendoza prorrogó por un año la prisión preventiva de Romano quien quedó, tal y como dice aquella resolución, “detenido a disposición de este Tribunal y sujeto a las resultas de la causa”.

Los camaristas explicaron que se dan las circunstancias “que normativamente justifican la prórroga de prisión preventiva”, por lo que resolvieron “homologar” la decisión que extiende el encierro cautelar.

En septiembre de 2013 Romano fue extraditado desde Chile donde había huído tras ser destituido por unanimidad por el jury de enjuiciamiento que concluyó que "no le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”.

La Casación, el máximo tribunal penal del país, consideró que en el caso se dan las circunstancias “que normativamente justifican la prórroga de prisión preventiva”, por lo que decidió “homologar” la decisión.

El ex magistrado está acusado de 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 privaciones ilegítimas de libertad, 36 casos de torturas, un allanamiento ilegal y un hecho de denegación de justicia, todos ellos cometidos entre 1975 y 1983 cuando se desempeñaba como fiscal.

 



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