La agenda de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta para este martes estaba sumamente cargada: desde las iniciativas que prevén una reforma integral del Código Procesal Penal hasta cambios en el Código del fuero para temas como violencia familiar, entre otras cuestiones.
Pero solo dos iniciativas obtuvieron dictamen: la relativa a la penalización con multas e inhabilitación especial para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales que abandonen sus puestos durante el servicio y otro que prevé la creación de Secretarías de Narcotráfico en los juzgados federales de las provincias que sean limítrofes con otros países.
En el primer caso, las multas van de 750 a 12.500 pesos, con inhabilitaciones que van desde un mes a un año para el funcionario público de las fuerzas de seguridad que sin previa autorización abandone su posición “con daño del servicio público”.
La iniciativa señala que “el miembro de una fuerza de seguridad Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.
El auto del proyecto, Aníbal Fernández (FpV), consignó en los fundamentos que “en cumplimiento del Preámbulo de la Constitución Nacional, y a fines de coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales con las provinciales ante supuestos de extrema gravedad, respetando las respectivas autonomías, el 18 de diciembre de 1991 se sancionó la Ley de Seguridad Interior 24059”.
En tanto, la otra iniciativa, ideada por Ernesto Sanz (UCR) y Gerardo Morales (UCR), prevé la creación de Secretarías de Narcotráfico, cuyos integrantes podrán ser seleccionados por la Corte Suprema, proponiendo a estos fines a gente que sea especialista en el tema.
En sus fundamentos, los legisladores destacaron que “el autor mexicano Eduardo Andrade Sánchez resalta que el hecho de que un inconveniente grave en la lucha contra este tipo de delincuencia es su gran capacidad organizativa, frente a cuerpos policiales que actúan sin coordinación, con procedimientos heterogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, y con prioridades y programas fuertemente desarticulados”.
“Este proyecto pretende ser una respuesta en la investigación, prevención y persecución de carácter legal al grave problema que nos plantean las bandas organizadas de manera estructurada dedicadas a la comisión del delito del tráfico ilegal de estupefacientes, con miras a la acusación de quienes, en particular o en forma estructurada, no fortuita, permanente o reiterada, actúen concertadamente con el propósito o con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de carácter material”, expresaron los senadores.
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