Ya no entran por una puerta y salen por otra

La discusión sobre la reforma del Código Procesal Penal ha vuelto a poner en cuestión algunas ideas que están establecidas en el imaginario colectivo de una parte de la población, como por ejemplo, que la gente que va a prisión “entra por una puerta y sale por la otra”. Pero la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) realizó un informe en el que esta aseveración es puesta en cuestión.

 

Según su último relevamiento en la población de las cárceles federales, de 10.074 detenidos el 60% está allí bajo el régimen de prisión preventiva, mientras que esta cifra, bastante grande de por sí, aumenta a un increíble 84% para las personas en esta condición que no tienen más de 21 años. Los datos fueron brindados desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

 

Entonces, mientras solo el 40% cuenta con una condena firme, los datos también se vuelven preocupantes en relación a los presos que están a disposición de la Justicia federal: de 3.467 personas, solo el 26.6% tiene condena firme, mientras que el restante 73.4% aun se encuentra esperando un veredicto.

 

La situación de aquellos que depende de jueces porteños pertenecientes a la Justicia nacional muestra que el 45.1% de los 5.891 presos en esta condición fue condenado. La cifra mejora levemente con la Justicia provincial, donde el 66.9% tiene una condena firme, sobre una población de 716 personas.

 

El titular de PROCUVIN, Abel Córdoba, señaló que “son indicadores graves, mucho más cuando el modo de ejecución de esas prisiones preventivas es gravoso y con afectación a otros derechos; no sólo la libertad, sino también la salud, la educación y el trabajo, y las personas están expuestas a dinámicas institucionales violentas”.

 

En el informe también se puso de manifiesto que las mujeres, los jóvenes y los trans son los colectivos más afectados en un contexto de encierro, un hecho reflejado en el porcentaje de presos sin condena que corresponde a cada uno de estos grupos.

 

“El hecho de que la población de mujeres, jóvenes y trans sean los destinatarios de valoraciones más severas por parte del sistema judicial y de los mecanismos de evaluación de tratamiento penitenciario nos confirma y revela que se los considera no sólo más peligrosos, sino también con menos derechos, y a partir de este relevamiento evaluamos que en la materia está pendiente la vigencia concreta de derechos fundamentales y que esto, lejos de ser producto de evoluciones pendientes, refleja una política criminal concreta, y que ha sido objetada desde organismos internacionales”, explicó Córdoba.

 

En otro orden de ideas, el titular del órgano perteneciente al Ministerio Público Fiscal (MPF) expresó que “el problema de la sobrepoblación se torna de interés por darse en un contexto de crecimiento de las personas encarceladas, tendencia que se revertiría con la modificación de las prácticas judiciales y penitenciarias”.