Para los fiscales, en el curso del expediente la ex funcionaria “no pudo justificar con pruebas” ninguno de los argumentos que esgrimió respecto del origen de sus bienes. Ahora, el juez de la causa, Juan José Galeano, deberá decidir si están dadas las condiciones para elevar la acusación a juicio oral.
Durante la investigación se detectó que el incremento patrimonial de Maria Julia Alsogaray llegó a los 2.500.000 de dólares (9.075.000 pesos). Por eso, los fiscales pidieron la intervención de la Procuración General del Tesoro para que el Estado pueda constituirse como actor civil en la causa, a efectos de reclamar una indemnización por el perjuicio sufrido, en caso de que la ex funcionaria resulte condenada.
Alsogaray reconoció durante su indagatoria –según consta en el pedido de elevación a juicio que Diariojudicial.com publica en forma íntegra— haber percibido fondos del Ejecutivo por una suma de entre cuarenta y cincuenta mil dólares mensuales que distribuía discrecionalmente entre los funcionarios de su área e incluso, dijo que le habían asegurado que con ese dinero también podía pagar el colegio de sus hijos.
Según explicaron los fiscales, Maria Julia “no pudo justificar la licitud de sus ingresos como funcionaria pública”, al caerse los argumentos referidos a 500 mil dólares percibido por asesoramiento a los Astilleros Alianza; otros 800 mil de herencia cedida por su padre, el ingeniero y ex legislador Alvaro Alsogaray, así como también beneficios obtenidos de la empresa familiar Pincas, que no registraba movimientos de importancia en los últimos años.
Alsogaray figura como la única imputada debido al fallecimiento del presidente de los Astilleros Alianza, Arnaldo Martinenghi, quien firmó el presunto pago de los 500 mil dólares cuando en realidad no se pudo justificar cuáles era los servicios brindados por la ex funcionaria.
Además, los fiscales denunciaron a Alsogaray por el presunto delito de “insolvencia fraudulenta”, porque –aseguran- “donó” a uno de sus hijos dos departamentos a su nombre, ubicados en el mismo edificio de Riobamba 1224, en el barrio porteño de Recoleta, para evitar que fueran afectados por el embargo de 3.000.000 de pesos impuesto por el juez Galeano, durante la sustanciación del proceso.
El pedido de elevación a juicio es la antesala de la decisión del magistrado, quien deberá resolver si lo hace propio o por el contrario lo rechaza. En el primero de los casos la decisión de Galeano será inapelable y la ex funcionaria será juzgada por un delito que contempla penas que van de los dos a los seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa que puede oscilar entre el 50 y el 100 por ciento del monto del enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, esta pendiente en la Corte Suprema un recurso extraordinario interpuesto por Alsogaray para oponerse a la inhabilitación decretada por el juez Galeano en el momento de procesar a la ex funcionaria. Fuentes judiciales explicaron que se trata de “una cuestión lateral” que no afectará la eventual elevación a juicio de la causa.