La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar por mayoría a un habeas corpus. En el fallo reconoce el derecho a la educación “sin límites” de los presos. Se trata del caso de un interno que pidió hacer un curso aunque ya estaba cursando la carrera de Abogacía.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Alejandro Slokar, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, hicieron lugar a un habeas corpus correctivo interpuestos por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación donde se reconoce el derecho a la educación “sin límites” de los presos.
Se trata de la causa “Trapanesi, Diego Hernán s/recurso de casación”, donde por mayoría conformada por Hornos y Figueroa, la cámara revocó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en tanto había confirmado el rechazo de la acción de habeas corpus intentada, y dispusieron la conformación de una mesa de diálogo, bajo la dirección del juez federal.
El interno había solicitado la posibilidad de realizar un curso de formación profesional, pero el pedido fue rechazado por las autoridades del penal y por la justicia federal de La Plata porque ya estaba anotado en la carrera de abogacía.
“La acción intentada resulta la vía idónea para perseguir la corrección de situaciones que, al restringir el derecho a la educación garantizado por ley a los internos, afectan de modo relevante las condiciones del encierro”, dice la sentencia.
Y agregan que “el derecho a recibir educación durante el cumplimiento de una pena, o durante el lapso en que la persona sufre una medida coercitiva, se encuentra regulado en nuestro derecho interno”.
La sentencia ordena se convoque a una mesa diálogo convoque a las partes para que evalúen la elaboración de un programa que permita lograr una oferta educativa de cursos de capacitación profesional con cupo suficiente para todos los internos interesados. En minoría Slokar votó por no tratar el recurso.
Se trata de una mesa integrada por la Defensa Pública, la Procuración Penitenciaria de la Nación, autoridades penitenciarias, los actores involucrados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.