Así definieron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación la decisión de reasignar presupuesto nacional para construir nuevas cárceles. La semana pasada, el Ministerio de Justicia anunció la creación de 2.200 plazas en prisiones.
En acto por el Día del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el Ministro de Justicia, Julio Alak, anunció la creación de 2.200 nuevas plazas carcelarias. Sin embargo esta reasignación presupuestaria representa para la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) un “renovado fracaso carcelario”.
Mediante un comunicado desde el organismo explicaron que esta decisión “invita a considerar seriamente la necesidad de una discusión parlamentaria en torno a la infraestructura penal y a las formas concretas del castigo que administramos”.
“Las construcciones en agenda, así, apenas auguran, en el mejor de los casos, un paliativo efímero”, explicaron desde la procuración penitenciaria. “Es difícil asumir que veremos incrementada en un 25% la capacidad edilicia. Todo indica, más bien, que continuarán apareciendo construcciones parciales, escalonadas según los muchos vaivenes de la obra pública y forzadamente alineadas con alguna ideación previa”, agregaron.
Los fondos que se destinan ahora servirían a desarrollar nuevos establecimientos en Cuyo, Mercedes, Coronda y Córdoba; ampliar o acondicionar los de Neuquén, Salta, Ezeiza, Marcos Paz, Santa Rosa, General Roca, Viedma, Esquel. También se prevé construir oficinas anexas a los Complejos de Ezeiza y Marcos Paz que reducirían la cantidad de traslados de personas detenidas. Retomando el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004, aprobado por decreto 1183 (2003).
Aclaran que, precisamente, aquel decreto de 2003 ya ordenaba “implementar, desarrollar y ejecutar, con carácter de urgente” el Plan de Infraestructura y las cárceles en Cuyo, Córdoba, Mercedes y Coronda estaban previstas desde entonces.
El problema central “sigue y continuará siendo esta disociación de nuestra planificación de infraestructura carcelaria con los espaciados esfuerzos serios en materia de justicia y seguridad”, aclaran desde la Procuración Penitenciaria.
“La privación de la libertad exige un abordaje que excede en mucho a la gestión edilicia” explican desde el organismo y recuerdan que en octubre del año pasado se presentó un Proyecto de ley al Congreso de la Nación que propone “atacar el problema estructural de sobrepoblación y regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos de privación de libertad”.