En base a un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense, desde la Secretaría indicaron que la capacidad del régimen cerrado esta superada en un total de 1659 detenidos y agregaron que 96 de estos, alojados en unidades de máxima seguridad, no tienen camas.
Además, se detalla en el trabajo de la Secretaría, al que tuvo acceso Diariojudicial.com, que en materia de medicamentos “existen carencias en todos los rubros” como las que se viven respecto de la cantidad de material descartable, ya que se presenten faltantes de “camisolines, pañales descartables, bolsas de colostomía y jeringas.
Para la Secretaría, esta situación genera que las personas privadas de su libertad “se encuentren sometidas a condiciones de detención inhumanas y degradantes” a las que calificaron de “violatorias” de normas constitucionales, legales e internacionales.
En ese sentido, se explica que tal cuadro de situación requiere que los tres poderes de la provincia trabajen en forma coordinada y urgente a fin de encontrar una solución a tan grave problema.
En el escrito, se indica que en la mayoría de las comisarías de las Jefaturas Departamentales de La Plata, Mercedes, San Isidro, Morón, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza se duplica o en algunos casos se triplica el cupo permitido para alojar detenidos.
En ese marco, se destaca que en las peores situaciones se encuentran la comisarías primeras de Pilar, tiene lugar para 16 personas y aloja 53, de San Fernando, con lugar para 10 personas y aloja 78 detenidos, y de José C. Paz, que tiene espacio para 12 personas y aloja 55.
“La ausencia de plazas disponibles en unidades pertenecientes al Servicio Penitenciario ha provocado que gran cantidad de detenidos a disposición de jueces penales sean alojados en dependencias policiales por períodos prolongados, tornando permanente una situación que debiera ser transitoria y generando graves problemas de superpoblación y hacinamiento en las comisarías”, se apunta en el informe.
Esas circunstancias han motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia el 27 de febrero del 2002, considerando “la situación de alojamiento que afrontan detenidos en Dependencias Policiales” dispusiera que las visitas trimestrales que, hasta ese entonces debían realizar los señores Presidentes de las Cámaras de Apelación con competencia en lo penal a las Unidades Carcelarias, se hicieran extensivas a las Unidades Policiales en las que se encontrasen personas detenidas.
Se expresa en el informe que las condiciones de detención indignas que sufren quienes están detenidos en las comisarías de la Provincia han originado, además, la presentación de numerosos hábeas corpus correctivos deducidos por defensores públicos, fiscales y organizaciones de la sociedad civil que han determinado que diversos jueces dispusieran la clausura de calabozos y el traslado de los detenidos.
En tanto, se recuerda que “el Estado está obligado a brindar dicha asistencia para favorecer la posterior reinserción del imputado en la comunidad”, pero indican que “las personas detenidas en tales condiciones padecen un ataque a su dignidad, a su integridad física, psíquica y moral”.
En el documento, se opina que resulta “incongruente” que en momentos en que existe un crecimiento constante de la actividad delictiva, especialmente de los delitos contra la propiedad, acompañados frecuentemente del uso de violencia se distraiga un número significativo de efectivos de las Policías de la provincia de su función, obligándolos a concentrarse en las Comisarías realizando tareas de traslado y custodia de detenidos para las cuales, además, “no se encuentran debidamente capacitados”.