La Justicia de la Ciudad revocó una sentencia de primera instancia y condenó al Gobierno Porteño a que indemnice con más de 200 mil pesos a un motoquero que chocó con unas maderas que señalizaban una alcantarilla abierta.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad, con las firmas de Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima, revocó una sentencia de primera instancia y condenó al Gobierno de la Ciudad a que indemnice a un motoquero que chocó con unas maderas que señalizaban una alcantarilla abierta.
Se trata de la causa “H. C. E. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios (excepto resp. Médica)”, que se inició luego de que un hombre se chocara contra un armazón de madera que señalizaba la existencia de una alcantarilla sin tapa en la avenida Cruz.
Los camaristas revocaron una sentencia que en primera instancia rechazó los planteos indemnizatorios del hombre que responsabilizó al gobierno local por las incapacidades físicas y psicológicas sufridas como consecuencia del accidente.
“No se encontraba probado que el accidente denunciado se hubiera producido en el contexto y en la forma señalada” sostenía el fallo de primera instancia ahora revocado por los camaristas.
“La sentencia de primera instancia sí tuvo por acreditado que el pozo o boca de alcantarilla se encontraba cercado por un armazón de madera y que contra dicha estructura fue que impactó el actor”, recuerda la sentencia de la cámara.
Y aclara que “no se encuentra discutida en autos la obligación de mantener en buen estado de conservación los bienes públicos que le corresponde al titular de los mismos, en este caso el GCBA”.
“La señalización improvisada para advertir la ausencia de la tapa de la alcantarilla (armazón de madera cuya existencia no se encuentra discutida en esta instancia) devino totalmente insuficiente a la luz de la normativa”, ya que el gobierno porteño tiene “obligación de mantenimiento en estado óptimo de la calzada”.
También consignan en el fallo que “la constatación del incumplimiento de ese deber por parte de la Ciudad no se ve alterado por la mera invocación –huérfana de todo sustento probatorio– de que la caída se produjo por imprudencia de la actora”.
La Sala condenó al Gobierno Porteño a pagar “la suma de 211.800 pesos con sus intereses” al motociclista que sufrió lesiones.