El hijo de Sandra Piaggi, de 9 años, debería haber comenzado a cursar en marzo su cuarto grado en la escuela 264 del barrio Luis Piedrabuena. Pero el conflicto salarial entre el gobierno y los docentes y las refacciones obligadas que tuvieron que hacer en la escuela hicieron que se demorara el inicio de las clases.
La madre no responsabiliza a los docentes por la falta de clases para sus hijos, sino al gobierno de Pablo Verani.
A pesar de estar reclamando un resarcimiento por daños psicológicos y morales por las falencias en la formación, Piaggi recalcó “que la cifra es lo de menos, el problema es la falta en la que incurrió el gobierno de Río Negro”.
La demandante señaló que su hijo debe incorporar los contenidos de todo un año lectivo en apenas cinco meses. En ese sentido, relató que detectó en el niño las consecuencias de la falta de escolarización: "Cuando terminó tercer grado, mi hijo sabía dividir y ahora no se acuerda".
En tanto, el abogado patrocinante Eduardo González recordó al diario Río Negro que no hay antecedentes de este tipo de demandas por incumplimiento en las funciones del Estado.
Hace dos meses casi dos centenares de padres habían intentado en vano mediante la presentación de amparos masivos que el gobierno garantizara el dictado de clases. Los recursos habían recaído en el juzgado del mismo juez civil que ahora deberá resolver esta demanda. En esa oportunidad, Cabral y Vedia se declaró incompetente y elevó los amparos al Superior Tribunal de Justicia.