Un grupo de diputados nacionales contestaron las críticas realizadas por el CELS a una iniciativa que prevé sanciones a sitios de internet por comentarios discriminatorios tales como multas y clausuras a las webs y donde pidió el “retiro del proyecto”. Para los diputados, la entidad tuvo “una mirada apresurada del proyecto”. La iniciativa también había cosechado críticas de Vía Libre.
Un ida y vuelta se planteó ante la presentación de una iniciativa en la Cámara de Diputados, cuyos principales impulsores son los diputados Remo Carlotto y Diana Conti. Se trata del proyecto de ley 7379-D-2014 y que días atrás recibió críticas del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
En la nota dirigida a Carlotto y Conti del 27 de octubre pasado, la ONG se manifestó en contra de la iniciativa al considerar que "pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión reconocidos tanto por el sistema interamericano de derechos humanos, como de los informes del Relator Especial de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, Frank La Rue".
Asimismo sostuvo que "la norma proyectada desconoce la voluntad popular expresada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre el tratamiento de cuestiones sensibles y la modalidad de aplicación de sanciones por contenidos ilegítimos". Por todo esto la organización le pidió a los diputados el “retiro del proyecto”.
La respuesta no se hizo esperar y Conti y Carlotto, junto con un grupo de diputados, le contestaron al CELS en una carta dirigida a su presidente Horacio Verbitsky y al secretario y Director Ejecutivo de la organización, Damián Loreti y Gastón Chillier, respectivamente.
Allí detallaron que tienen la misma preocupación que la ONG de “garantizar el pleno goce de la libertad de expresión” y que dan cuenta de ello en su “actividad pública y política a los largo de los años, promoviendo y protegiendo ese derecho entre los otros tantos derechos humanos”.
Respondiendo directamente a la nota enviada, los diputados sostuvieron que el CELS realizó un análisis con “una mirada apresurada del proyecto” porque “en ocasiones los argumentos vertidos a lo largo de su carta no parecen aplicarse al articulado del proyecto en cuestión o porque en determinados tramos se realizan afirmaciones muy genéricas que si bien podemos compartirlas, no nos ha sido posible comprenderlas en el contexto del proyecto aludido”.
Actualmente la iniciativa, presentada el 18 de septiembre pasado, fue girado a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja que, precisamente, preside el diputado Carlotto.
“El proyecto bajo análisis no pretende regular ‘expresiones insultantes’ tal como se afirma en el primer párrafo de su nota” dicen los diputados, argumentando que “ello puede constatarse en el artículo 1 del proyecto”. “El proyecto versa pura y exclusivamente sobre la “difusión de mensajes con contenido discriminador” justamente en consonancia con los informes del Relator Especial de Libertad de Expresión”, explican.
Aclaran que “la concepción de un derecho a la libertad de expresión sin límite alguno, no es compartida por nosotros ni por ningún tratado, convención o documento de la ONU o la OEA de derechos humanos”, concluyen.
“De allí que el proyecto disponga de un procedimiento gradual para procurar la voluntaria remoción del contenido e incluso la posibilidad de operar disuasivamente en los usuarios”, responden.
En la nota de respuesta, los diputados terminan despidiéndose de los representantes de la organización “adjuntando copia del proyecto para tener la oportunidad de realizar un análisis y discusión más pormenorizado y constructivo a su respecto”.
Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, sostuvo en una columna difundida en los medios, que con el proyecto se “delega en una oficina del Poder Ejecutivo funciones judiciales” porque “la discrecionalidad que tendría el INADI en la aplicación de la ley es uno de los puntos más graves”. Si se aprobara la iniciativa el INADI “queda facultada para llevar causas de oficio, establecer los mecanismos probatorios y resolver los casos que... contemplan desde multas hasta el cierre de sitios web y medios de comunicación”.