Alsogaray prestó hoy declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio quien la investiga por presunta defraudación a la Administración Pública a raíz de la contratación directa de un estudio de asesores jurídicos durante el proceso de privatización de la compañía telefónica, en el que se desempeñó como interventora, cargo que ocupó luego en lo que se conoció como ENTEL residual.
En su declaración, Alsogaray defendió la contratación amparándose en una Ley de Consultoría, la 22460, que estaba vigente en 1981 cuando se llevó a cabo el contrato, y en una ley de emergencia económica que le permitía apartarse de la ley de Contrataciones del Estado.
La causa se originó en una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans y de la Oficina Anticorrupción quienes apuntaron a la contratación de un estudio jurídico para llevar adelante juicios contra empresas contratistas a quienes les reclamaban la finalización de obras acordadas y la devolución del material que Entel les había cedido.
En su defensa , Maria Julia señaló a los periodistas que la aguardaban en los tribunales de Retiro que nunca hizo “nada que no estuviera autorizado por la ley”, y desafió a Monner Sans a “ probar la falsa denuncia” en su contra.
Según los denunciantes, Alsogaray efectuó la contratación de la consultora cuando la empresa contaba con su propio departamento de Asuntos Jurídicos, mediante un “concurso privado de precios” y sin licitación, resultando beneficiada la compañía KPMG que, si bien gozaba de prestigio internacional, no contaba en su plantel con abogados , ya que estaba conformado por contadores y economistas.
Sin embargo, Alsogaray formuló durante su indagatoria –asesorada por la defensora oficial Perla Martínez de Buick—“un minucioso y detallado análisis técnico” invocando la ley 22460 que, según dijo, le permitía apelar a consultoras externas a la empresa estatal.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que en ese trámite, KPMG apareció asociada “sorpresivamente” al estudio jurídico Fernández Madero, que terminó manejando los pleitos judiciales con las firmas contratistas, que en su mayoría fueron perdidos por el Estado.
En esta causa, además de María Julia, aparecen involucrados los directivos de ambas firmas quienes también deberán prestar declaración ante Bonadío.