Código Civil y Comercial 2015

Después un rápido tratamiento del proyecto en el Senado y de una discusión con algunos cruces pero igualmente veloz en comisión de la Cámara Baja, los diputados aprobaron la iniciativa que adelanta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.

 

Originalmente, la entrada en vigencia del nuevo cuerpo normativo estaba estipulada a partir de un año y tres meses de su sanción, es decir, el primero de enero de 2016. Pero la propuesta elaborada por los senadores Aníbal Fernández (FpV) y Miguel Ángel Pichetto (FpV) establece que se comience a aplicar a partir del primero de agosto del año que viene.

 

La oposición se mostró disconforme con esta iniciativa, ya que muchos legisladores de ambas cámaras de partidos no alineados con el Frente para la Victoria entendieron que el nuevo Código es muy complejo para poder estudiarlo y adecuar la Justicia en un plazo tan corto.

 

El diputado Pablo Tonelli (PRO) expresó esta idea de forma concreta, y se preguntó cuál es el beneficio de llevar a cabo este adelantamiento por cuatro meses, y entendió que lo más “prudente y razonable” sería esperar a enero de 2016 para que el nuevo cuerpo normativo entre en vigencia.

 

En la iniciativa se justificó: “Es del caso tener presente que el aludido plazo respondía a la valoración inicial relativa al tiempo que se estimaba apropiado para que en el mismo tuviera lugar un proceso de divulgación de la nueva legislación, no sólo entre sus destinatarios en general, sino, en particular, en el ámbito de sus ejecutores de especial relevancia, constituido por los profesionales del derecho y de las ciencias económicas, y también en el de los jueces y funcionarios de los Ministerios Públicos”.

 

Los senadores precisaron que, “no obstante, es conveniente no perder de vista que ya durante la génesis del nuevo texto legal aquí considerado tuvo lugar un proceso de amplia participación de miembros del Poder Judicial, de la docencia, de los Colegios de Abogados, y de otros medios académicos, y también del universo de las instituciones privadas que en los últimos años habían reclamado la unificación del derecho civil y del derecho comercial y la recepción de los avances legislativos alumbrados en el derecho comparado y también en la jurisprudencia”.

 

“A su turno, durante el análisis de la propuesta en el ámbito parlamentario, tuvo lugar una intensa serie de consultas con los más variados sectores de opinión, lo que contribuyó a que los términos del nuevo ordenamiento recibiesen una extensa difusión”, añadieron Pichetto y Fernández.

 

Los legisladores entendieron que, “en otras palabras, antes de la sanción definitiva del proyecto de ley destinado a la aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación, la mayoría de los contenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico y profesional del derecho; conocimiento que también se extendió a entidades y organizaciones sociales como asimismo a una incontable cantidad de personas que se interesaron en los nuevos institutos y normas de la codificación entonces propuesta”.