Brevatas

El Tribunal Supremo de España anuló la absolución del acusado de matar a un ex concejal

El Máximo Tribunal ibérico anuló la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional, por la que se exculpó a Beinat Aguinagal, acusado del contra un ex concejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Mondragón, Isaías Carrasco, ocurrido en marzo de 2008. Con esta decisión, el Tribunal Supremo español le ordenó a la Audiencia que se sortee otro Tribunal, y que vuelva a llevarse adelante el juicio. El argumento para anular el pronunciamiento, fue que se consideró vulnerado "el derecho a la tutela judicial efectiva al excluir de forma no motivada como prueba de cargo la identificación fotográfica que hizo una testigo del acusado". El Alto Cuerpo destacó que, por la gravedad del hecho, había que exigirse "una valoración muy minuciosa y detallada de la prueba de cargo concurrente, sin recurrir a fórmulas estereotipadas ni excluir de la valoración pruebas de cargos legalmente válidas".

Salta: Jueces jubilados cubrirán transitoriamente cargos vacantes

La Corte de Justicia de la provincia de Salta dispuso requerir a dos jueces jubilados, Jorge Daniel Cabrera y Liliana Evelia Paz Hernández, para que ocupen transitoriamente dos cargos vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala I desde el día 2 de febrero de 2015 y hasta la efectiva cobertura de los mismos. Dicha Cámara contaba con un solo juez, y la Corte consideró que existía “un considerable atraso en el dictado de las sentencias de Cámara” ya que el procedimiento indica que debe llamarse a un juez de primera instancia a integrar la sala en cada caso. El artículo 16 de la ley 24018 de Jubilaciones y Pensiones y la cláusula novena del Acta Complementaria del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia al Estado Nacional, permite la convocatoria de magistrados jubilados para ocupar transitoriamente cargos.
 

Sobreseyeron a un hombre, aunque el Tribunal no pudo acreditar el cumplimiento de la probation

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió “declarar la extinción de la acción penal y de esta forma, el sobreseimiento” de un hombre de 35 años, que compareció imputado “por la supuesta infracción a la ley 23.737”. El acusado fue detenido el 6 de marzo de 2010 por personal de Gendarmería Nacional en un control vehicular, cuando se trasladaba en su auto.  Fue beneficiado el 27 de agosto de 2012 con la suspensión del proceso penal, imponiéndose como regla de conducta, el cumplimiento de tareas comunitarias no remuneradas durante un año, de las que no se pudo acreditar su efectivo cumplimiento. El Tribunal entendió que “de este modo, pese a que no obran constancias que acrediten la realización de trabajos por el término de un año por parte del imputado, se ha cumplido con la finalidad del artículo 27 bis del CP, esto es que el imputado no cometa nuevos delitos, demostrando de este modo, un reconocimiento de la vigencia de la norma sin que sea necesario insistir en la efectiva actuación del sistema penal”.