20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Hay que demandar al banco

Una juez en lo contencioso administrativo federal se declaró incompetente para entender en un amparo contra el PEN, donde se pedía la inconstitucionalidad de las normas que exigen la conformidad de los bancos, para que los deudores clasificados en las categorías 1, 2 y 3, según el grado de “cobrabilidad” del crédito, puedan cancelar sus deudas con títulos públicos. FALLO COMPLETO

 

Así lo decidió la juez en lo contencioso administrativo federal Claudia Rodríguez Vidal, en los autos "Contreras, Soledad c/PEN ley 25561 dto 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986"

La actora, en su condición de deudora hipotecaria, articula acción de amparo a los fines de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 1387/01, el art. 6 del decreto 1570/01 y su modificatorio art. 3 del decreto 469/02, así como de la comunicación del BCRA "A" 3398, en cuanto limitan el acceso a la dación en pago mediante títulos de la deuda pública nacional, a los deudores financieros categorizados como 3, 4, 5 o 6.

El negocio jurídico que da sustento a la presente acción, reside en un mutuo hipotecario otorgado por una entidad bancaria, debatiéndose en autos la extensión de los medios de cancelación del mismo. Sin embargo, y esto fue fundamental para la suerte de la pretensión, la acción no se dirigió contra la entidad bancaria, sino contra el Poder Ejecutivo Nacional.

Cabe tener en cuenta que el Decreto 1387/01, en sus artículos 30 inc. a y 39, prevé la posibilidad de cancelar con plenos efectos liberatorios las deudas bancarias a los deudores del sistema financiero que se encuentren calificados en situación 3, 4, 5 o 6 de conformidad a la normativa del Banco Central de la República Argentina, mediante la dación en pago de títulos públicos de la deuda pública nacional a su valor técnico. Para ello no deben registrar deudas fiscales exigibles ni determinadas al 30 de septiembre de 2001 con la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, según certificación extendida al efecto.

A su vez, el art. 6 del decreto 1570/01 establece que los deudores calificados en situación 1, 2 y 3 deben requerir la previa conformidad de la entidad acreedora para la realización de las operaciones de cancelación previstas en los artículos de aquel decreto. Complementario de ellos, la comunicación A 3398 del Banco Central, reafirma la necesidad para los clientes 1, 2 y 3 de requerir la conformidad del acreedor para cancelar sus deudas.

Las distintas categorías dividen a los deudores del sistema financiero, según su grado de incobrabilidad, siendo los de categoría 1 los más "cobrables" y los de la 6 los más incobrables.

Al respecto, la magistrada recordó "que el control de constitucionalidad de las leyes no se encuentra concebido como un procedimiento destinado a la mera invalidación de la norma o acto impugnado.
Supone, por el contrario, que el análisis judicial de constitucionalidad de tales normas o actos ocurra como aspecto de un litigio común y como medida tendiente a superar el obstáculo que deriva de aquellos para el reconocimiento del derecho invocado por la parte que los impugna".


Para Rodríguez Vidal, "la admisión de acciones directas de inconstitucionalidad, como el amparo, la acción de mera certeza o el juicio sumario en materia constitucional, no puede importar el olvido de la exigencia mencionada que, dentro de un ordenamiento en el que todo magistrado puede declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas, tiende a preservar el ejercicio equilibrado de los poderes establecidos en la Ley Fundamental
Es por ello que la decisión de cuestiones constitucionales debe ocurrir sólo en el curso de procedimientos litigiosos, es decir, en el marco de controversias entre partes con intereses jurídicos contrapuestos y propios para la dilucidación jurisdiccional; ello excluye del control jurisdiccional los procedimientos destinados al sólo control de la constitucionalidad de una norma, sin más participación en la causa que la autoridad que la ha dictado, y en ausencia de los titulares de los derechos reconocidos por la normativa".
(la negrita es nuestra)

Por ello, la magistrada sostuvo que "la declaración de inconstitucionalidad de las normas por las que se estableció la obligación de las entidades bancarias de aceptar como medio de cancelación de sus acreencias, títulos de la deuda pública, exclusivamente para los deudores que se encontraran categorizados como 3, 4, 5 o 6, reviste -respecto del acreedor hipotecario- carácter meramente incidental, por cuanto lo que subyace es la pretensión del deudor de que el contrato se cumpla en términos diversos a los originalmente pactados". (la negrita es nuestra)

"De allí entonces, que la contienda debe ser articulada con la intervención de la entidad bancaria, y corresponde, en razón de la materia, al conocimiento de la justicia civil, y no de la contencioso administrativo federal".

Al no existir en la especie causa de carácter contencioso en el sentido antes indicado, pues "no se acciona contra el acreedor hipotecario titular de los derechos que las normas impugnadas reconocen, la cuestión propuesta por la actora en su demanda, resulta ajena a la jurisdicción de los tribunales nacionales", y por ello la juez federal resolvió rechazar "in limine" la presente acción de amparo.



dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.


VOLVER A LA TAPA

Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
Copyright ® 1999 - 2024 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486