La iniciativa del diputado del Frente Renovador Adrián Pérez impulsa la creación de la “Policía Judicial de la Nación”, a cargo de la Corte Suprema de Justicia. En los fundamentos destaca la "especial atención a la desmilitarización de la investigación criminal robusteciendo la conducción civil". Los alcances del proyecto.
“Es un cuerpo de investigación dependiente de la Justicia, con una función específica que es la investigación criminal”, afirmó a Diario Judicial Adrian Pérez sobre el proyecto que lleva su firma.
La ley tiene como fin principal la creación del órgano que depende jerárquica y funcionalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Nosotros trabajamos en un paquete de leyes para mejorar el funcionamiento de la Justicia. Dentro de estas leyes está la de Policía Judicial, pero también está la del Ministerio Público, la del Consejo de la Magistratura, entre otras”, precisó Pérez a Dju.
Según consta en el texto, la Policía Judicial podrá investigar delitos en el ámbito de jurisdicción de autoridades judiciales de la nación, bajo órdenes de los magistrados competentes, como así también realizar tareas de producción y análisis de inteligencia criminal en el ámbito de su jurisdicción, y efectuar las intervenciones en las telecomunicaciones en cualquier jurisdicción cuando medie orden judicial.
Entre sus funciones, estará “la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas, u otros elementos de convicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”.
En los procesos en que se disponga su intervención, el organismo podrá cuidar los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados, realizar las requisas ordenadas judicialmente, y tomar declaración a los testigos.
Dentro del proyecto, también se estipula que “la Policía Judicial efectuará las intervenciones en las telecomunicaciones en cualquier jurisdicción cuando medie orden judicial".
Tal autorización deberá formularse por escrito y estar fundada “indicando con precisión el o los números telefónicos o direcciones electrónicas o de cualquier otro medio, cuyas comunicaciones se pretenda interceptar o captar. Las actuaciones serán reservadas en todas las instancias”.
Respecto a órdenes judiciales para la interceptación de las comunicaciones telefónicas, las mismas serán “remitidas a la Oficina de Inteligencia de la Policía Judicial mediante oficio firmado por el juez, con instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea”.
Por su parte, el proyecto de ley indica que “juez deberá remitir otro oficio sintético, indicando exclusivamente los números a ser intervenidos, para que la Oficina de Inteligencia de la Policía Judicial lo adjunte al pedido que remitirá a la empresa de servicios telefónicos responsable de ejecutar la derivación de la comunicación”.
Además, el diputado afirmó que “los cargos jerárquicos de la nueva policía se acceden únicamente por concurso, garantizando la idoneidad y la transparencia en el proyecto de selección”.
El texto fue girado a las comisiones de Justicia, Seguridad Interior, y Presupuesto y Hacienda para su debido tratamiento.
Antecedentes provinciales
La experiencia ya se dio en Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Tucumán. En el último caso, la ley fue aprobada en noviembre del año pasado por la Legislatura, donde Corte Suprema de Justicia provincial, junto con el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, tendrán las facultades para organizar la creación de este órgano por medio de medidas administrativas.
Por otro lado, en Corrientes los legisladores también presentaron una iniciativa para crear un Cuerpo de Investigadores Judiciales, ya contemplada en el artículo 64 del Código Procesal provincial.
“Tomamos en cuenta los proyectos de ley de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires como antecedentes”, concluyó Pérez.