El diputado bonaerense Ricardo Vago (PS) presentó un proyecto de ley mediante el cual busca modificar la ley 13.168 de Violencia Laboral en el ámbito de la administración pública, sobre todo en torno a temas que han sido denunciados en numerosas ocasiones: la afiliación compulsiva a sindicatos y partidos políticos.
En concreto, el legislador propone en el artículo dos de la iniciativa que “serán considerados actos de violencia laboral la afiliación compulsiva del trabajador a un partido político o a un sindicato determinado, obligar al trabajador a concurrir a actos políticos, sindicales, reuniones o movilizaciones políticas, o a portar sus emblemas o símbolos, obligar al trabajador a participar de actividades político partidarias y cualquier tipo de descuento compulsivo en los haberes, sin que medie autorización expresa del trabajador”.
El proyecto establece que estará prohibida la “afiliación compulsiva del trabajador/a a un partido político o a un sindicato determinado; obligar al trabajador/a a concurrir a actos políticos, sindicales, reuniones, o movilizaciones políticas, sindicales, o a portar sus emblemas o símbolos; obligar al trabajador/a a participar de actividades político partidarias”.
Vago señaló que es obligación de los diputados y senadores ofrecerles garantías de estabilidad laboral a los trabajadores municipales, de modo que no sean víctimas de violencia laboral por su ideología o filiación política y sindical. Remarcó, en este sentido, la importancia de incorporar estos elementos de forma clara a la normativa existente.
En los fundamentos, el diputado afirmó que hay que “reconocer” que existen gobiernos que son propensos al “patrullaje ideológico” de su “personal”. Pero remarcó que esta tendencia no es propia solamente de la clase política, sino también de “cierta dirigencia sindical poco democrática”.
El integrante de la Cámara Baja precisó que “se propone la modificación del artículo 1º de la Ley Provincial Nº 13.168 incorporando un segundo párrafo en el que se deje constancia en forma taxativa que las garantías ofrecidas por la mencionada ley alcanzan a todos los trabajadores en relación de dependencia con el Estado, sea provincial o municipal, y cubriendo todas las modalidades de contratación: con o sin estabilidad laboral, contratados o becarios”.
“No consideramos redundante este párrafo. En la práctica existe un gran número de personas que trabajan en la administración pública pero bajo la modalidad de “contratados” o subsumidos bajo la categoría “planta política”, o en el caso de las municipalidades bajo la modalidad de "contratos temporarios" o “becas”, es decir, modalidades de contratación extremadamente endebles cuya situación laboral resulta en extremo precaria y no propensa al reclamo ante situaciones de abuso”, indicó Vago.
El diputado afirmó que “la violencia laboral es el género, el acoso laboral, el maltrato físico y psíquico, la persecución y/o discriminación política o sindical, son especies de la violencia laboral. Formas diversas de un mismo fenómeno”.
“Es nuestra obligación como Legisladores/as ofrecer a los trabajadores de la administración pública las más amplias garantías de que no serán molestados ni sufrirán actos de violencia laboral con motivo de su ideología política o filiación sindical. Esta protección alcanza y es garantía incluso de aquellos que opten por no adscribir a ninguna procedencia partidaria o sindical”, concluyó.
dju
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