En una extensa jornada, el Plenario del Consejo expresó la necesidad de designar más personal para la Justicia Nacional del Trabajo. Además, postergaron el tratamiento de todos los concursos; y se debatió nuevamente sobre la situación jurisdiccional en Bahía Blanca.
Por acuerdo unánime, el Consejo de la Magistratura de la Nación trató la necesidad de incorporar personal en la Justicia Nacional del Trabajo. El representante de la Cámara de Diputados de la Nación, Héctor Recalde detalló que “la ley 24.522 modificó el sistema de quiebras y, de esta forma, trasladó los juicios laborales contra empresas en convocatoria de acreedores o quiebra, a la Justicia Comercial. Junto a dicha competencia, también se trasladó el personal. En 2005, se sancionó la ley 26.086, por la cual se recuperó la competencia, pero no los trabajadores trasladados”.
“El fuero está a nivel de catástrofe, ya que han aumentado la cantidad de juicios. Tengo conocimiento de que se han hecho gestiones ante la Corte Suprema de Justicia, donde Ricardo Lorenzetti dijo que asignaría un relator más por cada juzgado del trabajo, es decir 68. Sería oportuno, que el Consejo pida la designación de los trabajadores”, concluyó Recalde.
El Secretario General de la Comisión Interna del fuero del Trabajo, Claudio Sciolini explicó que “se vive una situación de crisis, no sólo respecto a la infraestructura, sino también por la falta de personal y la gran cantidad de demandas que están entrando. Alrededor de 120 expedientes ingresan por mes en cada juzgado, y en el mejor de los casos salen 60. De esta forma, se acumulan mes a mes”.
“Hoy realmente nos preocupa el tema de la salud, porque tenemos alrededor de 50 licencias psiquiátricas y se incrementan por la presión que se genera. Tenemos gente trabajando hasta tarde, incluso sábados y domingos. Los que estamos dentro del fuero laboral también somos trabajadores y no esclavos”, concluyó el representante gremial.
A continuación, los consejeros ratificaron el Convenio celebrado con el Ministerio de Planificación de la Nación. Por su parte, el representante de los jueces del Poder Judicial de la Nación, Luis María Cabral aseveró: “Lo que debemos hacer es reclamar que depositen los recursos de las partidas presupuestarias. El Poder Judicial debe dar solución por ejemplo, a la situación del edificio del Hospital Aeronáutico”.
Asimismo, se aprobó la desestimación y archivo de 38 expedientes. En este sentido, el consejero Julián Álvarez solicitó la postergación del expediente 46/2012 caratulado, “Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba –Rem. Present. Sr. Pedro Nolasco Bustos” y acumulado 256/2010, “Kunkel Carlos Miguel (Consejero) s/act. Dr. Luis Rueda”.
En otro orden de temas, se resolvió remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional con la recomendación de que emita un decreto disponiendo el traslado de la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá. La jueza solicitó su traslado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, vacante por el acogimiento al beneficio jubilatorio de Ramón Claudio Chávez.
“Hay un reglamento de traslados que establece que los mismos se debe hacer dentro de la jurisdicción y competencia, y no antes de los cuatro años. Si no lo cumplimos, abriríamos una puerta para que esto pueda suceder en cualquier caso, lo cual haría pensar que ya no importa porque juzgado se concursa, sino simplemente importa estar en uno”, opinó en disidencia Cabral.
Respecto a los concursos, el consejero Gustavo Adolfo Valdés solicitó la postergación del tratamiento de las ternas destinadas a cubrir una serie de vacantes en la Justicia Federal. Además, se realizaron las audiencias públicas en los concursos Nº 280, 304, 275, 314 y 316. “Nos comprometemos a tratar el tema de los concursos en el plenario del 2 de julio”, destacó Julián Álvarez.
En último lugar, se decidió postergar la consideración del expediente referido al contrato de locación del inmueble ubicado en Lavalle 1501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez aclaró: “Este tema tiene mucho que ver con la cuestión de los trabajadores, ya que es un edificio del fuero laboral”.
Bahía Blanca: otra vez en el centro de la polémica
Como parte de las medidas de pruebas previstas en la investigación sobre el desempeño del magistrado Santiago Ulpiano Martínez, la Comisión de Disciplina citó al secretario Mario Fernández Moreno. En la audiencia, los consejeros recorrieron la actuación del juez y expusieron sus inquietudes.
Por su parte, el fiscal Miguel Palazzani, integrante de la Unidad Fiscal que intervino en procesos por crímenes de lesa humanidad en la localidad bonaerense, solicitó exponer ante el Plenario. En este sentido, el fiscal informó a los consejeros respecto a la problemática y los puntos centrales de las actuaciones cuestionadas. Es importante destacar que la exposición de Palazzani no será tomada en cuenta en el proceso disciplinario.
Con la presencia de distintos organismos de derechos humanos, el Plenario decidió no ratificar la propuesta de designación del magistrado Claudio David Pontet. De igual forma, rechazó la propuesta de designación del Santiago Ulpiano Martínez, como subrogante a cargo del Juzgado Federal N° 1.
En atención a ello, los consejeros aprobaron la designación del magistrado Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores, como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca.
“En efecto, la complejidad y naturaleza de los procesos que se sustancian aconsejan recurrir a un solo magistrado que asuma la subrogación del juzgado de manera integral. Por otra parte, se trata de un juez de igual competencia de una jurisdicción aledaña, con capacidad para asumir dicha función, toda vez que la única magistrada de la jurisdicción, doctora María Gabriela Marrón ha sido designada recientemente como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Bahía Blanca y debe atender una gran cantidad de causas en trámite”, detalló el dictamen 18/15.