Todos los números del Presupuesto 2016

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el anteproyecto del presupuesto para Poder Judicial del ejercicio económico correspondiente al período 2016. Según la Resolución del Plenario, “se adoptaron criterios que asignan prioridades en los bienes y servicios (…) desestimando los pedidos que no representan necesidades de imperiosa satisfacción”.

En materia de gastos de personal, el presupuesto cuantificó “la dotación contemplada en la planta de estructura autorizada por decisiones administrativas 1/15 y 509/15, personal de los Tribunales creados y que comprende no habilitados, cuyos concursos la Comisión de Selección ha avanzado las gestiones”. Así, el monto actual asciende a los $17.110.627.302 de pesos, frente al estipulado para el año 2015 de $13.406.854.152.

Asimismo, la iniciativa contempla la dotación de cargos para la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, la ampliación de la Cámara Nacional de Casación Penal y las Oficinas Judiciales ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre otros.

El consejero en representación de la Cámara de Diputados de la Nación, Gustavo Valdés explicó: "Analizamos el proyecto y nos reunimos con el Administrador General del Poder Judicial, Claudio Alberto Cholakian, para despejara algunas inquietudes, y creemos que el presupuesto contempla razonablemente, en líneas generales, los gastos para la Justicia”.

En otro orden de temas, el documento prevé "la transformación de determinados cargos, la recategorización de personal y la contratación de profesionales -psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales- para el Cuerpo Interdisciplinario Forense como la correspondiente transformación de cargos de los Asistentes Sociales que actualmente prestan funciones en los Juzgados de Familia”.

Respecto a los bienes de uso, el Plenario manifestó que “a fin de poder continuar con la actualización tecnológica, se ha previsto iniciar nuevos ciclos de renovación, con la premisa de conformar un parque homogéneo, redistribuyendo aquellos equipos cuya tecnología resulta vigente, así como del equipamiento software y la implementación de la firma digital y de diversos dispositivos relacionados con la seguridad informática”. 

En diálogo con Diario Judicial, el presidente de la Comisión de Administración y Financiera, Pablo González afirmó: "Entre presupuesto y presupuesto hay un aumento de casi el 27,63 por ciento, donde gran parte, la intención es que sea infraestructura y de equipamiento informático". En este sentido, el cómputo contempla incrementar el equipo informático y así adquirir computadoras personales, software y servicios, en función de la habilitación de los nuevos tribunales y dependencias.

Frente al problema constante de los alquileres, se consignaron fondos para adquirir las sedes de los Juzgados Federales de Santa Fe N° 1, Tartagal y Goya, los Juzgados de Ejecución Penal del 1 a 5, los Tribunales Orales y Juzgados de San Martín, la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el Fuero en las Relaciones de Consumo, las Oficinas Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también, algunos Tribunales habilitados en inmuebles alquilados o a habilitar, como por ejemplo los Juzgados Federales de Zapala, Moreno y el Tribunal Oral Criminal Federal de Concepción del Uruguay.

Los inmuebles en el eje de la cuestión

Como consecuencia de los reiterados reclamos y pedidos ante la grave situación edilicia de algunos inmuebles, el Consejo contempló la necesidad de contar con crédito suficiente para atender las reparaciones y mantenimiento de los edificios. En este sentido, el documento describe “un programa de inversiones en las obras de infraestructura, que abarca un periodo de tres años, ordenando prioritariamente las necesidades a cubrir en el año 2016”.

“A su vez, se ha previsto cubrir el gasto en servicios básicos, alquileres de edificios y locales, mejorar la seguridad integral mediante efectivas guardias de vigilancias y el servicio de mantenimiento de los diversos rubros de infraestructura tecnológica y de comunicaciones”, detalló la Resolución 231/15, que lleva la firma de la presidenta del Cuerpo, Gabriela Vázquez.

En este contexto, el Consejo previó la ejecución de un plan de obras en todo el país, donde se contempla la rehabilitación de la infraestructura existente para detener los deterioros constructivos de los inmuebles, tales como la impermeabilización de terrazas y reparación de cubiertas. Además se programaron trabajos de conservación o restauración de fachadas, cambio de techados, renovación y actualización de tendidos eléctricos y sus correspondientes tableros y, finalmente, la renovación de las instalaciones sanitarias.

"Es importante analizar y dotar de recursos necesarios, en especial todo lo relativo a la infraestructura, ya que buscamos que la Justicia funcione con normalidad. Además, se desea tratar de evitar tanto dispendio en alquileres o refacciones de edificios que no son del Poder Judicial", afirmó el consejero-senador Pablo González.

Respecto a los edificios que no se encuentran deteriorados, el presupuesto bosqueja el ordenamiento funcional de las superficies, por lo cual se proyectan obras de remodelación interna para optimizar las áreas asignadas a los distintos organismos. Ante la necesidad de nuevas superficies para atender las crecientes necesidades de espacio, está previsto “la construcción de edificios en terrenos libres, la continuación de obras en estructura a medio construir o la remodelación integral en inmuebles desafectados al uso por su alto grado de deterioro”.

Dentro de las nuevas edificaciones, se programó la instalación de Juzgados de Primera Instancia del Fuero Civil, los Tribunales Federales de Neuquén y la centralización de la Justicia Federal de Rosario. Entre las iniciativas se destaca el plan de trabajo para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, los Tribunales Federales de Paraná y en la Secretaria Electoral de La Plata, y la continuación de la ejecución de las obras públicas en Posadas, Resistencia y Tres de Febrero.

El presupuesto será enviado a la Corte Suprema de Justicia, que junto al suyo, lo remitirá al Poder Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.