El primero en ser citado por Bergés fue el juez del Chaco Daniel Freytes, quien concurrió a cumplir con el trámite pero se negó a declarar ya que presentó un escrito en donde solicitaba que se declarara “la nulidad de la convocatoria”, por considerar que un magistrado no podía indagar a otro.
Por su parte, otro de los jueces imputados Daniel Fernández Asselle, quien debió ir el último viernes, faltó a la cita. Sin embargo, pudo saberse que, al contrario de lo trascendido en un primer momento por parte de fuentes judiciales, el magistrado presentó, a través de uno de sus abogados, Omar Ramón Gauna, un escrito en donde informó a Bergés “que consideraba su llamado improcedente y lesivo a la garantía de inmunidad que la Constitución de la Provincia del Chaco -al igual que las constituciones de todos los Estados Provinciales, sin excepción- establece en resguardo de la independencia de criterio de sus magistrados, y que sus destinatarios tienen el deber de preservar”. El magistrado chaqueño también puntualizó que dará cuenta de su actos ante el Tribunal de Enjuiciamiento Provincial, como también si, “observando las leyes que la citación cursada soslaya, un tribunal competente para entender en el caso, hallara mérito para requerírselo”.
Según pudo saberse, la no presentación de Fernández Asselle a prestar declaración también tuvo que ver con la estrategia de su defensa, ejercida por el mencionado Gauna y Omar Breglia Arias, quien consideró que dicha concurrencia implicaría avalar la extraterritorialidad de su jurisdicción, “aceptar que cuenta con facultades de las que no está investido, y someterse a un procedimiento carente de todo respaldo legal”.
Además, en el escrito presentado, se expresó que Bergés carecía de facultades para llamar a indagatoria a jueces provinciales, porque el artículo 1° de la ley 25.320 (ley de fueros) al que echa mano para citarlos, “es de estricta aplicación respecto de funcionarios públicos nacionales, dado su carácter reglamentario de la inmunidad que la Constitución Nacional les confiere. Pero no es de aplicación extensiva a funcionarios provinciales porque dentro de las facultades conferidas por las provincias al Congreso Nacional no se halla la de reglamentar sus respectivas Constituciones ni los fueros que ellas otorgan.”
Hasta el momento Bergés dispuso que el secretario judicial Orlando Geraldi, quien se desempeñaba en el juzgado de Daniel Freytes también imputado, fuera procesado con prisión preventiva ya que lo consideró como miembro de una asociación ilícita que se dedicaba a actividades irregularidades en sanción de amparos en contra de los alcances del decreto 1570/01 y sus posteriores modificaciones.
Además de resolver la situación procesal de este imputado, el magistrado le trabó un embargo sobre sus bienes hasta la suma de quinientos mil pesos, aunque no lo procesó por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, por entender que hasta el momento esos delitos no estaban probados en el expediente.
El otro de los detenidos en que derivó la frondosa investigación de Bergés es el abogado de Santiago de Estero Alfonso Curet, quien esta cumpliendo su reclusión en el Hospital Ramos Mejía por razones de salud. Este imputado es pariente del particular que presentó la denuncia contra el HSBC que puso en evidencia la situación irregular que se daba en el Chaco respecto de la liberación de los fondos retenidos dentro del denominado corralito.