La Procuración Penitenciaria de la Nación elaboró un informe ante la CIDH sobre el uso de la fuerza en los espacios de detención. Entre los puntos más importantes, se destaca la necesidad de una nueva regulación de las requisas y la instrucción de los agentes en el empleo de la fuerza.
La Procuración Penitenciaria de la Nación elaboró un informe sobre el “Uso de la Fuerza en Centros de Detención”, ante el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según detalla el documento, “la violencia ejercida por personal de las fuerzas de seguridad dentro de los espacios de detención en Argentina adopta diversas modalidades, que no siempre son de índole física, sino que también posee aristas psicológicas y simbólicas”. Así, el entre los usos de la fuerza se enumeran "las prácticas de tortura y malos tratos, las muertes bajo custodia y las requisas violentas de pabellón".
Durante el año 2014, la PPN registró un total de 814 casos de tortura y/o malos tratos ocurridos tanto en las cárceles comprendidas dentro del archipiélago carcelario bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, como así también en otros espacios de encierro. Dichos hechos consistieron “en la producción de lesiones en las extremidades (54%), la espalda, la cabeza, la cara, el torso y las costillas, entre otras parte del cuerpo, a partir de patadas, cachetadas, golpes en los oídos con las palmas de las manos (plaf-plaf), asfixia, golpes en los pies o tobillos (pata-pata), golpes de puño, abuso sexual o intento, pila humana y quemaduras”.
Sobre los medios comisivos usados, el informe destacó el uso de “palos o tonfas (79%), a los que le siguen los borceguíes (patadas), los golpes con escudos, y el uso de gas lacrimógeno y balas de goma”. Y agregó: "Es notoria la concentración de estos hechos en los Complejos Penitenciarios Federales I (Ezeiza) y II (Marcos Paz) del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que acumulan casi la mitad de los casos de tortura y/o malos tratos registrados por la PPN. Los siguen en tercer y cuarto lugar la Unidad N°6 de Rawson, Pcia de Chubut, y luego una Unidad concebida como de mediana seguridad, la Unidad N°12 de Viedma, Río Negro 13”, agregó el documento.
De esta forma, el registro no comprende sólo episodios ocurridos en cárceles federales, sino también se computaron “los acecidos en cárceles del sistema penitenciario bonaerense, en alcaidías y espacios psiquiátricos, durante los traslados y los perpetrados por agentes policiales en comisarías o en la vía pública”.
En cuanto a los lugares específicos o sectores en los que se registraron hechos de tortura y/o malos tratos, la mitad de ellos tuvo lugar dentro del propio pabellón o celda de alojamiento donde residen las víctimas. Asimismo, las principales circunstancias en las que tienen lugar estos episodios están relacionadas a los diferentes conflictos que se generan, ya sea “individuales o colectivos -reclamos, motines, peleas entre detenidos-, y a la realización de requisas de pabellón”.
En esta línea de análisis, los datos estadísticos arrojan que un 89 por ciento de los agentes del cuerpo de requisa de las unidades son "los que aparecen involucrados en la mayoría de los hechos de tortura y malos tratos”. Respecto a los fallecimientos bajo custodia, durante el 2014 la Procuración Penitenciaria de la Nación ha registrado la producción de 51 casos bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federa, la mitad de ellas violentas.
Dentro de las conclusiones, el documento resaltó que “se puede reconocer una falta de énfasis en el desarrollo de habilidades y destrezas en el empleo de la fuerza, lo que podría ser indiciario de que su ejercicio ante el caso concreto se mantiene reservado para la culturización posterior de los agentes una vez incorporados al ámbito donde ejercerán sus funciones”.
Por último, en cuanto a la regulación de las requisas en los establecimientos carcelarios federales, el organismo advirtió como “imperiosa la necesidad de modificar la Guía de la Función Requisa y dictar una nueva norma –ya sea a nivel legal o reglamentario- que estipule mecanismos que eviten que los registros de detenidos, visitantes y sectores de alojamiento sean un campo propicio para el abuso de poder y la vulneración de derechos humanos en el contexto carcelario”.