El Plenario del Consejo solicitó enviar un oficio para conocer un informe del Tribunal de Tasación de la Nación y así ampliar las pruebas en el sumario contra el juez federal de Quilmes Luis Armella por la causa del saneamiento del Riachuelo. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, alegó que “el magistrado se creía el dueño de la impunidad en Quilmes y Avellaneda”.
El Plenario del Consejo de la Magistratura retomó el debate sobre la propuesta de apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, del Juez Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella.
El secretario de Justicia, Julián Álvarez explicó que “no estarían los votos para mandar a jury al juez Armella conforme las constancias de la causa”. Sin embargo, Álvarez afirmó: “La semana pasada nos enteramos que se le había pedido una citación indagatoria, en otra causa pero con una temática similar, ya que el magistrado utilizaba su poder público en su cargo de juez federal para cometer delitos, en un caso enriquecimiento ilícito a través de contrataciones indirectas, y en el otro caso realizaba secuestros extorsivos.
Recientemente, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) dictaminó que existen pruebas suficientes para citar a indagatoria al juez Armella en el marco de una causa en la que se investiga la actuación del magistrado federal en un proceso en el que acusó a cinco personas por un secuestro extorsivo ocurrido en 2008. El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata absolvió a los cinco imputados y, en consecuencia, ordenó la extracción de testimonios para que se investigaran los delitos que podrían haber cometido el juez, junto a otros funcionarios.
“El 3 de noviembre es la indagatoria a Armella. Por ello, estoy convencido que la conducta en la Acumar era cotidiana, de una persona que se creía el dueño de la impunidad en Quilmes y Avellaneda”, opinó el representante del Poder Ejecutivo Nacional.
Por su parte, el consejero-juez Luis María Cabral resaltó que “respecto a la causa que dio lugar al llamado a indagatoria, ya solicité un oficio ante la Comisión de Disciplina pidiendo los antecedentes”, ya que efectivamente los hechos que se imputan “son de extrema gravedad”. Sin embargo, Cabral aclaró que “no lo pueden tener en consideración a los fines de la causa Acumar”.
Sobre la causa donde se investigan las irregularidades detectadas en relación a la limpieza del Riachuelo, Álvarez informó al Plenario que “en la causa se solicitó un informe del Tribunal de Tasación de la Nación, a los efectos de determinar los valores de las contrataciones directas que se realizaron, junto a otras medidas”.
En ese sentido, se aprobó la solicitud de enviar un oficio al Juez Federal de La Plata con la finalidad de “corroborar si existen nuevas pruebas para iniciar la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación del magistrado".
Por su parte, la consejera Adriana Donato sostuvo que “si hay un expediente judicial, entiendo que debería suspenderse hasta que se resuelva la cuestión judicialmente, como se hace en el Colegio Público de Abogados”.
“Nosotros no podemos resolver un sumario si no tenemos la sentencia penal que así lo establece, porque sino sería un escándalo jurídico si se dicta una sentencia que contradiga lo que se resolvió en el Consejo de la Magistratura”, agregó Donato.
Cinco nuevas subrogancias
En otro orden de temas, los consejeros aprobaron la subrogancia de los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Nicolás Toselli en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital Federal.
Por último, se dio visto bueno a la subrogancia de César Álvarez, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y de Fernando Marcelo Machado Pelloni, juez de Cámara del Tribunal Oral Federal N° 7 de la Capital, para cubrir las vacantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.