Amores y luchas de la vida digital

Este jueves Diario Judicial reunió en la Universidad de Palermo a especialistas del Derecho, la Cultura, el Periodismo y la Informática para exponer y debatir sus ideas en la Jornada Derecho, Internet y Nuevas Tecnología: Cruces y Tensiones. Repasamos lo más saliente de los paneles.

Ciberseguridad

El juez y presidente del Comité Organizador del “Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC), Manuel de Campos, el Director Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que lleva adelante el “Programa Nacional de Infraestructuras Criticas de Información y Ciberseguridad” (ICIC), Pedro Janices, y Enrique Beláustegui, también integrante del ICIC, expusieron sobre los avances, retrocesos y horizontes de la ciberdelincuencia, desde el ámbito del Derecho Penal como desde el ámbito de la seguridad informática.

De Campos, señaló que si bien hubo avances legislativos en materia de tipificación de delitos gracias a la entrada en vigencia de la Ley 23.338 que incorporó al Código Penal una serie de delitos informáticos, como la violación de correos, el acceso a bancos de datos personales, la defraudación por manipulación informática y, más reciente, el Grooming, también puso en claro que la técnica legislativa utilizada para la tipificación fue la de incorporar nuevas formas de comisión -por medios digitales- para delitos ya existentes.

El magistrado hizo hincapié en las carencias que tiene el Código de Procedimientos Penal en materia de investigación de esos hechos. En este punto, también resaltó que el nuevo Código Procesal Penal, recientemente aprobado, tampoco brinda soluciones sobre ese aspecto. 

“Es importante lo que se hace en materia procesal, si bien se han tipificado las conductas, reconociendo que ha evolucionado la forma de comisión, no hubo una reforma en los procedimientos ni en el tratamiento de nuevos medios de prueba”, reconoció.

“El actual Código Procesal Penal no tiene la prueba informática”, señaló De Campos, que luego aclaró que “lo que existe es la prueba pericial”. el juez de Instrucción manifestó la necesidad de contar con prueba tecnológica - “que tenga protocolos específicos”, aclaró- en ese sentido, reiteró que “ni el actual Código Procesal ni el nuevo tienen material sobre tratamiento de la prueba digital, por ejemplo, con la incautación de datos se da el mismo tratamiento a un documento físico que a uno digital”.

“No es lo mismo un documento cerrado en sobre lacrado que se deja en la caja fuerte del Juzgado, que una computadora con información, a la que se puede acceder desde un dispositivo remoto y modificar el contenido”, detalló.

Ello fue pie para que Pedro Janices ponga en conocimiento del público el rol de la Dirección  de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad y del programa que lleva adelante, pionero en Latinoamérica en lo que hace a la materia de Infraestructuras Críticas.

“¿Qué es una Infraestructura Crítica?, la que afecta directamente al ciudadano”, explicó de forma sencilla Janices, para que luego Enrique Beláustegui ejemplifique “Puede ser por un ataque cibernético a empresas de salud, financieras, plantas nucleares o de energía”.

En ese punto, Janices llamó a concientizar a los usuarios de las nuevas tecnologías a que hagan un uso racional de ellas, y también abogó porque haya “una política de seguridad de la información”. 

“Durante este 2015 encontramos 8.000 ‘puertas abiertas en Sistemas de Infraestructuras Críticas, por los cuales hackers pueden ingresas a esos sistemas” indicó , dando cuenta de que “tuvimos que salir, como país, de la zona de comfort y ponernos a investigar y trabajar conjuntamente con otras dependencias”.

Janices también hizo referencia al marco legal sobre la materia en los países de habla hispana, donde marcó que “existe escasa jurisprudencia sobre la materia y se tipificaron conductas del mundo analógico al digital”, en consonancia con lo que señaló De Campos.

Los disertantes también subrayaron la necesidad de cooperación entre la Justicia y técnicos especializados a la hora de la investigación de posibles delitos informáticos. “Un técnico tiene que saber que debe ingresar a un sistema y ante el anoticiamiento de que puede estar sometido a ataque, realizar la denuncia correspondiente y no ‘borrar’ el problema y seguir adelante”, señaló De Campos, que agregó que “debe mantener la evidencia y hacer la denuncia”.

Sobre el Código Procesal Penal, de Campos subrayó la necesidad de que se cuenten con herramientas especiales para la investigación de delitos de esta índole “como el agente encubierto digital, el ciberrastrillaje o el allanamiento remoto”.

Donde habita el olvido

El segundo panel, que  se tituló “Derecho al olvido VS Libertad de expresión“, contó con la participación a Analia Zygier, directora de Diario Judicial, Beatriz Busaniche, activista de la Fundación Vía Libre y docente de FLACSO, Arnaldo Cisilino, integrante del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martinez de Hoz (h), que representó a Google en el caso María Belén Rodríguez, y Fernando Tomeo, abogado especialista en privacidad, internet y protección de datos personales y también autor del libro "Redes Sociales & Tecnologías 2.0".

La directora de Diario Judicial expuso sobre la experiencia del medio respecto de reclamos sobre derecho al olvido, e hizo hincapié en las diferencias respecto de la información subida a Internet en relación a otros medios.

“La mayoría de los reclamos a Diario Judicial es por información vieja, de personas que, por ejemplo, fueron procesadas por un delito, con procesamiento confirmado, pero luego fueron absueltas, y nos piden que borremos información sobre el momento del procesamiento”, señaló Zygier. “Eso en los medios gráficos no ocurre, nadie va a una hemeroteca a solicitar que saquen de un diario de papel la página 45, pero a Diario Judicial le piden que información que con el correr de la causa pudo haber sufrido modificaciones sea a su vez editada o borrada, agregó.

"¿A alguien se le ocurriría borrar la foto de Diego Maradona besando la Copa del Mundo de México "86 sólo porque "es vieja"?, interrogó la directora de Diario Judicial. 

En ese punto, recordó el efecto inverso que generó el fallo sobre el derecho al olvido dictado por la Justicia Europea, "por el olvido forzado será recordado por siempre", reflexionó en torno al caso de Mario Costeja González, que solicitó que Google desindexe un enlace sobre un edicto en el que se lo embargó en 1998.

Siguiendo con el tópico del derecho al olvido, Cisilino sostuvo que “es anterior a Internet” y relató la experiencia de Google ante los reclamos efectuados. “la información que se trata de ocultar es negativa, una condena penal, una deuda”, consignó el disertante.

El abogado que actuó en la causa “Rodríguez c/ Google” recordó que la Corte dejó en claro que “Internet y los servicios de búsqueda comprenden las garantías de libertad de expresión y derecho a la información”, y que”la información cierta no debe ser bloqueada”.

Cisilino abogó por buscar "una proporcionalidad, no borrar, porque sería estar en contra de la Constitución Nacional", para Zygier, "la solución no es borrar contenidos".

En esa senda, Beatriz Busaniche puso énfasis en los aspectos de la regulación de internet. A contrario sensu de la idea de que “internet es libre y no tiene fronteras”, la miembro de Fundación Vía Libre comentó que “internet está fuertemente regulada, lo que ocurre es que hay una relación asimétrica en la regulación” en la que los Estados Unidos pisan fuerte. “Youtube Argentina se encuentra regulado por la Ley de los Estados Unidos, de donde es oriundo el sitio”, sostuvo.

Para Busaniche no hay que hablar de derecho al olvido en estos casos, “lo que se quiere es ser desindexado”, manifestó, y señaló, en ese sentido, que hay un problema central, casi filosófico, que es el de trasladar la resolución de un conflicto “entre derechos fundamentales a una empresa privada y no a un juez”. 

"Si la Justicia es lenta en casos que requieren rapidez como los de derecho al honor o la intimidad, entonces el problema está en la Justicia y en su acceso a la Justicia, no en que resuelva el tema un buscador", subrayó.

Tomeo, por último, comentó casos particulares que tuvo que atender, referidos la problemática, para intentar mostrar que alcances tiene la problemática. Según el disertante, existe una complejidad que es que "en Internet, el Derecho a Réplica no sirve", y recordó que luego de que se conociera el fallo “Rodriguez”, algunos medios publicaron que “los buscadores no responder por los contenidos que indexan”, pero que “lo no es así, responden si se dan las circunstancias ara la existencia de responsabilidad civil”.

Esto es ante la existencia de un "daño evidente" o "contenido contumelioso". Tomeo planteó el interrogante de que, si la Corte dijo que Google "trata datos", porqué entonces el buscador no se adecúa a los parámetros de la Ley de Habeas Data nacional. Hizo lo propio en relación a las diferencias entre lo que ocurre en Europa a partir del caso Costeja, donde Google facilita un formulario para solicitar la remoción de los enlaces".

"¿Por qué en Argentina un hombre común, ofendido por un blog, que quizás no tiene dinero para pagar un abogado, tiene que litigar parta obtener la remoción del enlace, y en Europa tiene un formulario?", cuestionó.

Propiedad Intelectual en la Era de Internet

El tercer panel contó con la coordinación de Matías Werner, abogado y periodista de Diario Judicial, y la presencia de Andrés San Juan, abogado consultor especializado en Derecho informático, Internet y los aspectos regulatorios de las nuevas tecnologías, Daniel Molina, escritor y crítico cultural, columnista del diario La Nación y Radio del Plata y conducto de un programa sobre cultura en el Canal de la Ciudad.

También fueron de la partida Andrés Chomczyk, abogado especializado en Derecho de Alta Tecnología y miembro de Bitcoin Argentina ONG, y Natalia Zuazo, Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magister en Periodismo (UTdT). autora del libro “Guerras de internet, un viaje al centro de la Red para entender cómo afecta tu vida”.

La mesa se centró en cómo las leyes en materia autoral afectan el desarrollo de la cultura colectiva. San Juan, que representó a los integrantes de Taringa! en la causa criminal iniciada por María Kodama por la presunta reproducción ilegal del cuento “Funes el Memorioso", opinó que “La piratería tiene que ver con la falta de oferta de material legal”.

En ese sentido, San Juan mostró los antecedentes jurisprudenciales de derecho local y comparado en relación a las demandas civiles y penales. En ese punto, postuló como pionero el caso “Betamax”, una demanda millonaria deducida contra Sony por permitir con esos equipos grabar contenidos, empresas como Universal y Disney demandaron a la compañía japonesa por violación de derechos de autor, pero la Corte de Estados Unidos resolvió que el equipo no las infringía.

Ese antecedente también sirvió como puente para los casos “Napster” y, en tierras Argentinas, Taringa y Youtube. En ese contexto, San Juan reflexionó que el fenómeno de internet, al modificar las conductas sociales, también hizo lo suyo con los hábitos de consumo, y que las empresas que son “titulares” de estos productos culturales, como las discográficas, “deberán adaptarse a internet para sobrevivir”.

“El Derecho tiene que apoyar la llegada de Internet. La mayor cantidad de obras a la mayor cantidad de autores”, concluyó.

Como una solución a esa problemática, Andrés Chomczyk explicó el funcionamiento de la cadena de bloques blockchain, una tecnología que permite guardar datos y documentos asegurando su origen e integridad. El disertante señaló que la blockchain puede ser aplicada a lo atinente a los derechos de autor, y trasladar, entonces, el sistema de propiedad intelectual, “que está pensado para el mundo físico”, al mundo digital.

Chomczyk dijo ser optimista en cuanto a la solución de los problemas que se plantearon: “la tecnología va a salvarnos de los desastres de la tecnología”, afirmó.

A su turno, Daniel Molina recordó que “No se puede hacer ciencia sin dialogar con la tradición”, y en ese punto puso como ejemplo que en el campo del arte la mayoría de los autores tomaron ideas de otros y las pusieron en otro escalón.

“Nadie se puede poner a pensar que la familia de Pitágoras le haga un reclamo a Newton porque utilizó su teorema como base para la teoría de la gravedad”, ironizó.´

Molina realizó su exposición tomando como base videoclips de la cultura pop moderna, que a su vez fueron “copias” u “homenajes” a otros artistas o movimientos conceptuales. 

Asi, mostró el caso de un video de Madonna en el que “era un homenaje a la estética de Warhol”, quien a su vez “tuvo juicios millonarios por violación a  los derechos de autor, porque utilizó imágenes y las transformó”, aunque “Warhol ganó todos los juicios”.

En ese aspecto, también hizo ver que muchos de esos videos tuvieron una inmensa cantidad de versiones hechas por particulares que ayudaron a darle mayor visibilidad. “Hay un video de un bebé bailando una canción de Beyoncé, luego se hizo una parodia, no del video de Beyoncé, sino del del bebé”, ejemplificó

Esto sirvió como marco para que Molina postule que “las leyes no prohiban la producción”, y critique “las leyes restrictivas del derecho de autor”. “Dejémonos de joder con los derechos de autor post mortem” exclamó.  “La gente del futuro no va a poder entender el concepto de derecho de autor”, opinó.

Natalia Zuazo siguió en esa senda, explicando que “la copia es la base de Internet”. Para la autora de “guerras de Internet”, No es que lo digital “plantee un nuevo problema”, sino que son problemas ya existentes trasladados a ese mundo.

Zuazo detalló que, a contrario de lo que entienden ciertas compañías sobre derecho de autor “Internet no es un enemigo sino un aliado del arte”, y remarcó que el problema es que “los que se creen dueños del arte observan que pierden el control”.

“No puede decirse que con Internet se está matando al arte, si el arte, en su mayoría, es financiado por los estados porque da pérdidas. Hay pocas personas que pueden vivir del arte. Lo que ocurre es que algunos que se enriquecen con el arte ven como pierden el control sobre la difusión del arte y se preocupan”.