La Corte bonaerense firmó un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones para intercambiar información sobre delitos de narcotráfico. Al mismo tiempo, también se brindó una autorización especial para que los secretarios de juzgados de paz puedan habilitar la salida de menores del país.
La lucha contra el narcotráfico es uno de los temas que más controversia genera en torno a la aparición de la Justicia en los medios: el caso del juez salteño Raúl Reynoso generó un gran revuelo y, como contrapartida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) creó una comisión que busca combatir estos delitos a través del accionar judicial. Este último hecho también generó discusiones y opiniones encontradas.
Sin embargo, el mensaje parece llegar a otros tribunales y puntos del país. La Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) firmó un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones mediante el cual establecieron un acuerdo para intercambiar información con respecto a delitos de narcotráfico contenidos en la ley 23.737.
Al mismo tiempo, facultaron a los secretarios de juzgados de paz y los funcionarios de los registros públicos como autoridades competentes para autorizar las salidas del país de los menores de edad.
Entre otras cosas, el Máximo Tribunal provincial podrá acceder a la información de los registros informáticos de la DNM para poder chequear la situación migratoria personas, restricciones de ingreso o egreso del país y movimientos migratorios. Por supuesto que los jueces de la provincia también podrán tener contacto con estos datos a instancias de la SCBA.
Los magistrados que deseen hacer estas consultas tendrán una clave que será suministrada por la Corte bonaerense de forma personal, de modo que quienes soliciten datos puedan ser debidamente identificados y que la información quede resguardada confidencialmente.
Asimismo, desde la DNM deberán llevar a cabo las capacitaciones pertinentes para los jueces, de modo que aprendan a utilizar el sistema de consulta de datos. Las claves de seguridad solo podrán ser utilizadas por el funcionario al que le sean asignadas.
También se estableció que "la Suprema Corte, a través de los señores jueces, brindará a la DNM la información que ésta requiera, relacionada con irregularidades vinculadas a la radicación, ingreso o egreso de algún ciudadano extranjero determinado; con la debida justificación de los motivos que originen el requerimiento y siempre y cuando no afecte el curso de las investigaciones que estos se encuentran instruyendo".