En el Senado bonaerense se presentó un proyecto de ley para crear un cuerpo de abogados que defiendan a las víctimas de todo tipo de delitos. Se busca abarcar a las poblaciones sin recursos para conseguir asistencia letrada.
En orden a tratar de brindar un acceso a la Justicia a los sectores que no pueden costearse el patrocinio letrado, en el Senado de la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto de ley que busca crear un cuerpo de abogados defensores de las víctimas de cualquier tipo de delito. Este beneficio alcanzaría a, nuevamente, quienes no puedan acceder a una defensa de forma particular.
El ámbito que maneje este cuerpo no estaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia, sino del Público Fiscal, y solo será aplicable para el fuero Penal. Si la persona beneficiaria desea abrir la vía Civil deberá hacerlo por iniciativa propia.
La iniciativa pertenece al senador Héctor Vitale (PJ), y según afirmó, busca reconocer los tratados internacionales a los que adhirió nuestro país a través de la reforma constitucional, en lo relativo al acceso igualitario a la Justicia y la no discriminación en este sentido.
Un proyecto en este sentido ya se había presentado el año pasado en el ámbito parlamentario bonaerense, pero su discusión no prosperó. Recogiendo esa experiencia y el pedido y la información al respecto que brindaron varias organizaciones de acceso a la Justicia, el integrante del Senado bonaerense decidió presentar esta idea.
Un dato no menor es que este organismo, si bien trabajará en la órbita del Ministerio Público, contaría con autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera respecto del resto de los espacios que componen la cartera.
El senador afirmó en sus fundamentos que “este proyecto responde a la necesidad ineludible de modernizar la legislación provincial generando un marco jurídico que refleje el progreso de las garantías y derechos esenciales del ser humano, plasmado en los pactos y tratados internacionales con jerarquía constitucional y que fundamentalmente constituyen una demanda clara de la población”.
El legislador explicó que “sabido es que dentro del ámbito del derecho penal, se discute desde largo, la necesidad de modernizar las instituciones que lo componen, planteándose inclusive la vigencia actual de ciertos paradigmas en los que abreva; y a la luz de los cuales encuentra sentido todo el sistema jurídico normativo, tanto sustancial como procesal”.
En referencia a su bloque, el integrante de la Cámara Alta consignó: “Consideramos que en el actual estado de cosas de la legislación provincial, el derecho de acceso a la justicia, igualdad ante la ley, no discriminación y debido proceso, resultan vulnerados frente al supuesto de las víctimas que carecen de la posibilidad de afrontar el pago de los honorarios profesionales de un abogado que asuma su patrocinio, requisito ineludible para intervenir en el proceso como, particular damnificado o actor civil”.