En un acto celebrado este martes en el Palacio de Tribunales, la Corte Suprema presentó un proyecto para "hacer públicas" las causas por corrupción, trata de personas y narcotráfico. Pero a grandes rasgos, sólo son bases de datos sobre las temáticas. ¿Acceso a la información o big data judicial?
Con un anuncio resonante, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se informaba de la realización de un acto de presentación de un proyecto mediante el cual se van a hacer públicas las causas por corrupción, trata de personas y narcotráfico. Pero más allá de la noticia, lo cierto es que se trata de tres diferentes bases de datos sobre este tipo de expedientes.
Ante la presencia de jueces de los más importantes Tribunales Penales federales, como la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Criminal y Correccional Federal Porteña, las Cámaras Federales del interior de país - entre los que se encontraron integrantes de las de Córdoba, Tucumán, Mendoza, La Plata y Mar del Plata- jueces Federales de Primera Instancia de la Capital Federal y del fuero Penal Económico, y miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación - entre otros- el presidente del Máximo Tribunal presentó un proyecto, elaborado en conjunto con la Cámara Federal, por el que se busca "dar transparencia" a los casos de corrupción.
En su discurso, Lorenzetti señaló "la corrupción corroe las instituciones, afecta a la credibilidad y es uno de los aspectos centrales sobre los que los jueces tenemos que cumplir con nuestra obligación” y recordó que en 2013, la Cámara Federal, hizo públicas las sentencias y luego los sorteos realizados en el fuero.
Sobre este camino intentó ahondar Lorenzetti, que señaló que lo que se proyecta es que en los procesos vinculados con casos de corrupción, se mejore "la transparencia informativa" para que pueda conocer el tipo de causas, el delito cometido y el funcionario involucrado, "dentro de los límites legales del respeto del debido proceso". En otras palabras, se agrega a los datos existentes como los del sorteo, el delito y el funcionario denunciado, que se informe "de un modo activo" los avances de esas causas. La otra medida que completaba el anuncio sobre este tema, fue el llamado a ampliar la convocatoria de peritos especializados en este tipo de delitos, que fuera efectuada en 2014.
"Es muy importante, es un proyecto que va a estar en evolución, porque es un sistema que se va a ir construyendo a medida que las demandas van creciendo", remarcó el titular del Máximo Tribunal, acompañado por los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Lorenzetti se centró en dos aspectos a tener en cuenta, el primero que el avance de las causas "respondan al derecho que todo ciudadano debe tener al conocimiento de las causas", el otro, "el respeto al debido proceso legal y al principio de inocencia del acusado en esos casos". En ese punto, no aclaró cómo iban a ser los límites para informar en las causas.
Respecto del narcotráfico, la situación es la misma. El presidente de la Corte hizo especial hincapié en la colaboración que recibió por parte de los magistrados federales, integrantes de la Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, y anunció la creación de un observatorio de causas sobre este tipo de delitos. Una medida que, reconoció, fue promovida por la misma comisión.
Lorenzetti remarcó que en 2009 la Corte, en el caso "Arriola" había definido que lo que se debe perseguir no es el consumo sino el tráfico y comercialización, y que para el primero de los casos, la solución estaba desde lo terapéutico y no desde lo penal, y también hizo mención a que se trata de un fenómeno complejo que tiene distintas aristas, desde el tráfico propiamente dicho hasta el área económica.
El objetivo del observatorio, en palabras de Lorenzetti, es el de poder "por un lado, organizar las causas que hay a lo largo y lo ancho del país, para el control de las mismas", y también para "evitar divisiones y superposiciones, en problemas de eficacia", y dio el ejemplo de "una organización criminal que está parcelada en distintas partes del país".
El presidente del Alto Cuerpo luego le cedió la palabra a la vicepresidente del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, quien anunció un nuevo registro, esta vez para los casos de trata de personas. Highton tiene experiencia en este tipo de registros, encabeza desde hace años el Mapa de Acceso a la Justicia y el Registro de Violencia Doméstica. Sin especificar cómo funcionará, Highton indicó que con las Cámaras Federales se iba a consensuar qué variables se iban a tener en cuenta para analizar los casos. En ese punto, Highton declaró que desde el Máximo Tribunal ya se tenían redactadas las variables, y que el consenso sería para "quitar" las que se consideren excedentes.
Pero más allá de los programas y proyectos, la lectura que surge de este tipo de medidas no parece un deseo de hacer transparente el acceso a la información judicial sino que, más bien, demuestra el desconcierto que existe en la Justicia respecto del tratamiento de estos problemas.
La creación de tres bases de datos para tratar de recopilar información y analizarla, más que una forma de "acercar la Justicia a la gente", muestra una falla de diagnóstico y una falta de efectividad a la hora de solucionar estos conflictos.
Presencias y ausencias destacables
Entre el nutrido grupo de jueces presentes, se destacó la ausencia de los jueces federales María Servini de Cubría y Rodolfo Canicoba Corral, decana y vicedecano del fuero respectivamente. Paradójicamente, quien sí estuvo presente, y en las primeras filas, fue juez federal Sebastián Ramos, que es quien entiende en la causa que lleva la denuncia de Lilita Carrió precisamente contra el propio Lorenzetti por supuesto enriquecimiento ilícito.