Una pareja de mujeres denunció ante el INADI al fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, "porque consideró a la homosexualidad una discapacidad" -según aseguran- en un fallo en el que rechazó el pedido realizado por ambas a la obra social provincial para acceder a un tratamiento de fertilización asistida. Las mujeres, Mariela Donadía y Elena Pérez, quienes conviven desde hace 13 años, solicitaron ante la obra social DOSEP, a la que pertenece la primera, que les solvente el tratamiento que les permita lograr un embarazo, pero la entidad se los rechazó. Ante esto, presentaron un recurso que fue respondido y también denegado por Allende, como representante de todos los organismos del Estado provincial, haciendo uso de la Ley de Discapacidad. Además, el fiscal de Estado sostuvo en su dictamen que la reglamentación vigente solo acepta gametos "de la misma pareja", en clara alusión a que se trata de una pareja homosexual que debe recurrir a un donante. Pérez explicó que las manifestaciones de Allende las obligó "a realizar una denuncia en la delegación San Luis del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)". "Nunca caímos en la ingenuidad de pensar que el avance en materia jurídica en favor de la igualdad, cambiaría de la noche a la mañana los prejuicios y la discriminación que en relación con el tema, persisten en nuestro país", destacó la mujer. Pero advirtió que el argumento utilizado por Allende las convenció de que el pensamiento del fiscal no va a contribuir "en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva". Las mujeres, en su presentación ante el INADI, advirtieron que, como "cualquier persona" que se ha visto "imposibilitada, en principio, de acceder al sueño de tener un hijo" han debido transitar un camino "desgastante, trabajoso y muy doloroso". A esto han tenido que "agregarle transitar por los laberínticos caminos burocráticos de la obra social administrada y gestionada por el Estado de San Luis para sus trabajadores, para conseguir siempre una negativa". "El mismo Estado es el que ahora responde con discriminación y violencia a un reclamo que entendemos justo. La respuesta del fiscal Eduardo Allende duele porque éste último no puede desconocer que en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó a la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud", sostuvo la presentación que lleva la firma de Pérez. Además, San Luis adhirió a la ley 26.862 para el acceso a técnicas de reproducción asistida. Asimismo, el país "ha logrado avances en el reconocimiento de derechos civiles y políticos del colectivo LGBT, como la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario", recordó. "Pusimos nuestras esperanzas en que el Estado sería pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva", pero "observando la respuesta del fiscal Allende, claramente, por lo menos en San Luis, nos equivocamos", concluyó Pérez.