En el marco de una conferencia de prensa, el Gobierno anunció el envío de seis proyectos al Congreso para mejorar el servicio de Justicia y combatir los delitos complejos. Además, se impulsará la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para restarle poder a la procuradora general.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, brindaron una conferencia de prensa para oficializar el envío al Congreso de un paquete de proyectos. Se trata de iniciativas que buscan combatir el narcotráfico, el crimen complejo y mejorar el sistema de justicia.
Proyecto de Flagrancia
En primer término, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que "se buscará incorporar mecanismos que permitan una instrucción y un juicio muy acotado y muy corto cuando el delito es de autor conocido y de prueba sencilla", como en los casos de los delitos flagrantes.“Libera recursos estatales para la investigación y juzgamiento de los delitos complejos como el narcotráfico”, indicó.
Asimismo, la ministra remarcó que "sirve para juzgar rápida y eficazmente a los delincuentes aprehendidos durante un ilícito”, y agregó: “Estas herramientas nos van ayudar a dar una lucha más eficaz. En la teoría se discute si se debe poner más fuerza o inteligencia. Nosotros vamos por la idea de poner más inteligencia y, en consecuencia, no cambatirlo solamente de una manera violenta”.
Así, Bullrich opinó: "Debemos entender el delito, seguir la investigación criminal y llegar a las bandas (…) con la Ley Flagrancia vamos a terminar con la puerta giratoria”.
Nuevas técnicas en la investigación
Respecto a la incorporación de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos, Bullrich explicó que "se impulsará la figura del agente relevador”, que trabaja como “si estuviese comprando un determinado producto y, de esta forma, permite que se agarre a la banda infraganti”.
En segundo lugar, la titular de la cartera de Seguridad aseveró que "también se propondrá la figura del informante, junto a la creación de un registro”. A continuación, la ministra destacó la necesidad de “la figura del agente encubierto, ya que pueden ingresar dentro de una organización”.
“Otro punto importante es la entrega vigilada, donde se cambia el producto de una entrega y se pone un mecanismo técnico para seguirla y así no cortar la cadena. De este modo se puede ir al corazón de la organización”, aclaró Bullrich.
Distribución de los precursores químicos
En cuanto a la distribución de los precursores químicos, Bullrich informó que tendrán en cuenta “la penalización del desvió de los precursores hacia la producción ilegal de drogas”. La iniciativa está basada en un proyecto impulsado por la senadora Sonia Escudero y votado por unanimidad en 2008.
El control de los precursores químicos es uno de los ejes más importantes en la lucha contra el narcotráfico. Dichas sustancias "pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes, por lo que resultan fundamentales para dichos procesos".
El proyecto original proponía reprimir de "2 y 8 años de prisión e inhabilitación especial de cuatro a doce a quien, por cualquier medio, desviare precursores químicos o sustancias químicas esenciales hacia la producción ilegal de estupefacientes”. En caso de personas jurídicas fijaba una multa “de entre 10 a 500 mil pesos”, y también establecía una "sanción de entre 6 meses y 2 años para quien haya facilitado el desvío de precursores químicos por negligencia".
“Retomamos la iniciativa con modificaciones, ya que la problemática se ha complejizado. No sólo estamos sancionando a las personas, sino también a las empresas. También va haber sanciones a los que suministren datos falsos al Registro Nacional de Precursores Químicos”, afirmó Bullrich durante la conferencia de prensa.
Por otro lado, el Gobierno promoverá una actualización permanente de las sustancias que se utilizan. “Queremos desarmar las cadenas y actuar sobre el suministro”, concluyó la ministra.
Unificación de los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados Nacionales en lo Correccional
A su turno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, explicó que el Gobierno "quiere realizar un abordaje integral del crimen”. En el marco del plan denominado “Justicia 2020”, el ministro informó que "se impulsará la unificación de los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados Nacionales en lo Correccional".
“Permite romper con la puerta giratoria. Se busca utilizar de mejor manera los recursos de la Justicia. Hoy existen una gran cantidad de casos que quedan en cuestiones de competencias entre los distintos tribunales y, por otro lado, hay muchos casos menores, donde la Justicia no llega a funcionar”, opinó.
Creación de Tribunales Orales Federales
Dentro de las iniciativas más importantes, el Ministerio de Justicia impulsará la transformación de Tribunal Orales Criminales en Tribunales Orales Federales. “Permite avanzar con juicios unipersonales. Hoy los tribunales tienen tres jueces que se ocupan de firmar juicios abreviados, probation o se destinan tres jueces a un proceso menor”.
De esta forma, el Gobierno propone el "juicio unipersonal", a los fines de dotar a los jueces de "herramientas para agilizar el manejo y resolución de casos". Asimismo, el titular de la cartera de Justicia subrayó que "se busca potenciar el debate oral para que se realicen más juicios orales y públicos con más transparencia".
"La sentencia dictada por un juez en debate oral y público es la forma más acabada de impartir justicia. Queremos aumentar la capacidad del sistema penal de realizar más juicios orales", aseveró.
Para Garavano, "la iniciativa va a permitir que los jueces puedan abordar individualmente aquellos delitos que tienen penas hasta seis años“, y agregó: “Esto multiplica por tres la capacidad de resolución de los Tribunales Orales”. Propuestas similares se implementaron en Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
Reforma del Ministerio Público Fiscal
La reforma de la estructura del Ministerio Público es otra pieza clave. “Entendemos que el organismo acumuló mucho poder y esto no es compatible con un sistema acusatorio, ya que se trata de dividir poder y roles entre los distintos actores del sistema”, adelantó Garavano.
La iniciativa introduce una serie de cambios en el funcionamiento del órgano. “Queremos avanzar de un modo serio hacia un sistema acusatorio, donde sean los fiscales los que investiguen y los magistrados los que actúen como jueces de garantías. Es un elemento crucial para tener un Ministerio Público Fiscal concentrado en la investigación del crimen”.
Entre los puntos centrales, el Gobierno propone establecer “un límite temporal al cargo de Procurador General de la Nación”, y así acortar su duración “a un plazo de cuatro años”. Además, el proyecto introduce las figuras de los "Subprocuradores Generales" en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado. Al respecto, Garavano consideró: "Permitirá concentrar los esfuerzos de los fiscales en materia de narcotráfico”.
La figura de subprocuradores no es una idea nueva. Tiempo atrás, los senadores Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto presentaron un proyecto para crear una fiscalía especializada contra el delito organizado como "una unidad especializada en la prevención, investigación y persecución de la delincuencia organizada".
"La propuesta también le dará un rol central al Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que había quedado como una figura decorativa”, enfatizó el ministro. El cuerpo estará integrado por el Procurador General de la Nación, los cuatro Subprocuradores Generales, dos fiscales generales y dos fiscales.