En ese sentido, la titular del juzgado número tres en lo Contencioso Administrativo federal, Claudia Rodríguez Vidal, si bien ordenó el libramiento de los oficios en causas a su cargo, lo hace “bajo apercibimiento de librar mandamiento de secuestro contra las entidades bancarias depositarias- sin más tramite-“, con lo que se reservó la posibilidad de recurrir a las arcas de los bancos depositantes si la autoridad monetaria no cumple con la que dispone la nueva normativa, punto que en la misma no estaba contemplado.
Recordemos que el artículo tres del decreto especifica que “En los casos de excepción previstos en el Artículo 1º de la Ley Nº 25.587, por razones suficientes que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de las personas, o cuando la reclamante sea una persona física de SETENTA Y CINCO (75) o más años de edad, la ejecución de las medidas cautelares o de las sentencias estimatorias de la pretensión, deberá ser tramitada ante el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que cumplirá los mandatos judiciales con cargo y por cuenta y orden de las entidades financieras obligadas, dentro de los CINCO (5) días hábiles de formulado el requerimiento.”
Voceros vinculados al juzgado, manifestaron que la decisión de la magistrada permite que mientras que el oficio se tramite en la sede del BCRA, el expediente se pueda seguir sustanciando en la dependencia judicial, y lo consideraron como un tiempo que es ganado por los amparistas, que reclaman por el dinero que aún permanece atrapado dentro del corralito financiero.
Los oficios son entregados a los abogados, por el juzgado, para que junto a las copias de la resolución que dispone la devolución del dinero sean presentados en la sede de la entidad monetaria con el fin de que puedan retirar los depósitos que se encuentra retenidos dentro de los alcances del decreto 1570/01, que impuso el corralito.
Sobre la posibilidad de que la juez se expida sobre la constitucionalidad del decreto 1316/02 las fuentes apuntaron que por el momento están recibiendo los traslados que le corrieron a los fiscales y estimaron que podría haber novedades una vez que finalice la feria judicial, que concluye mañana.
Entre los pedidos de inconstitucionalidad con los que cuenta la magistrada se destaca el que presentó hace unos días la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira.
Este expediente en un principio se sustancio en el juzgado de Martín Silva Garretón, pero luego de que este fuera recusado por el BCRA, la causa recayó en manos de Rodríguez Vidal.