Según indicaron fuentes judiciales, Marijuan solicitó la realización de diez medidas de prueba, algunas de las cuales ya tuvieron acogida de parte del magistrado.
Entre otras, el representante del ministerio Público requirió que se requieran legajos y demás asientos de la imprenta a fin de que pueda disponer la realización de un arqueo sobre la facturación total de los últimos años de la imprenta del Congreso.
Los voceros indicaron que si bien el presidente provisional del Senado, el justicialista cordobés Juan Carlos Maqueda denunció seis casos de doble facturación cometidos entre 1995 y 1999, es posible que esas irregularidades se hayan proyectado en los años posteriores, lo que implicaría ampliar el objeto de la investigación.
Las sospechas se basan en que la imprenta "era una de las pocas dependencias del Congreso que generaba dinero" razón por la cual también se requirió la realización de un estudio de los contratos con cada organización u organismo oficial a los cuales la centenaria dependencia brindó servicios de impresión.
En ese marco, también deberá establecerse cuánto fue lo que se cobró para cotejarlo luego con la facturación correspondiente.
La semana próxima, al término de la feria judicial, intervendrá en la causa el fiscal Federal Guillermo Montenegro.
En tanto, Oyarbide pidió un "informe administrativo" al Congreso para allanar el camino al su par Rodolfo Canicoba Corral, en cuyo juzgado recayó el expediente.