20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Monitoreo a la notificación electrónica

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó una comisión de fiscales para el monitoreo del Sistema de Notificaciones Electrónicas. Así, solicitó que "se ponga especial atención sobre la necesidad de facilitar la plena disponibilidad de las causas -en formato digital o papel- para que los fiscales puedan consultarlas en debidas condiciones".

Mediante la Resolución N°1161/2016, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó una la "Comisión de Fiscales de Monitoreo e Implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas", a los fines de gestionar "las herramientas dirigidas a facilitar la utilización del dispositivo en el ámbito del Ministerio Público Fiscal". 

En consecuencia, la procuradora designó un equipo integrado por el fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná, Ricardo Álvarez; el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera; el fiscal a cargo de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin; la fiscal a cargo de la Fiscalía Correccional de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, Claudia Katok; el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°6, Santiago Vismara; el fiscal a cargo de la Fiscalía N°9 de Primera Instancia en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, y el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°14, Ariel Yapur.

"Corresponde celebrar este proceso de reformas tendientes a la modernización e innovación tecnológica, en la medida que se dirige a agilizar, economizar y transparentar los procedimientos judiciales, objetivo que esta Procuración General de la Nación se enorgullece en acompañar", afirmó la resolución.

La ley 26685 dispuso "la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación". El sistema será de aplicación obligatoria para el Poder Judicial de la Nación a partir del 2 de mayo de 2016.

Sobre este punto, Gils Carbó explicó que "la Procuración General de la Nación ha efectuado un seguimiento minucioso del proceso de implementación del nuevo sistema electrónico, mediante el contacto continuo con las fiscalías, la conformación de mesas de trabajo con fiscales de diferentes instancias y la realización de distintas gestiones ante la Corte para optimizar y facilitar su utilización a los/as integrantes del Ministerio Público Fiscal".

En 2014, la Secretaría General de Coordinación Institucional remitió a las fiscales generales ante las cámaras de apelaciones dun documento sobre las principales características del sistema, su modalidad de funcionamiento y su régimen legal. También se envió un formulario de consulta sobre la temática y el estado actual de funcionamiento del sistema para "conocer su grado de implementación en los distintos tribunales y su efectiva utilización por las fiscalías, interiorizarse sobre las ventajas y dificultades observadas por los usuarios, y recibir objeciones y sugerencias".

De esta manera, la procuradora relató que "pudieron identificar una serie dificultades y posibles advertencias atinentes al uso del sistema que la suscripta sometió a consideración de la Corte". Y señaló: "Una efectiva funcionalidad del sistema, que redunde en beneficios reales para todas las partes, los tribunales y el sistema de justicia en su conjunto, se encuentra sin dudas condicionada a que las piezas procesales relevantes vinculadas al acto notificado se hallen disponibles en formato digital y se garantice su fácil y oportuno acceso".

"Con la intención de aventar cualquier dificultad que la instauración de esta nueva modalidad de notificación pudiera ocasionar se comunicó a la Corte Suprema la importancia de que en el marco inaugural de este proceso, los distintos tribunales pongan especial atención sobre la necesidad de facilitar la plena disponibilidad de las causas para que los/as fiscales puedan consultarlas en debidas condiciones y remover cualquier práctica que, eventualmente, pueda entorpecer su desempeño en este aspecto”, indicó.

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