La Comisión Internacional de Derechos Humanos interpuso una medida cautelar contra el Gobierno argentino por las malas condiciones de detención de algunas comisarías de La Matanza y Lomas de Zamora. La CIDH pidió que se adopten las medidas necesarias para "preservar la vida y la integridad personal" de los detenidos.
La Defensoría de Casación envió una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en las comisarías del departamento judicial de La Matanza, "quienes se encontrarían en una situación de riesgo, en vistas de las condiciones de hacinamiento extremas, pobres condiciones de higiene, falta de luz natural, riesgo de electrocución, encierro durante 24 horas y presuntas torturas". También, la Comisión por la Memoria denunció condiciones similares en las comisarías de La Matanza.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentada por las partes, el organismo consideró que "la información presentada demuestra prima facie que las personas privadas de libertad en las comisarías 8va de Villa Galicia, 10ma de Puente Lanoria, y 1ra de Esteban Echeverría, Monte Grande del departamento judicial de Lomas de Zamora, y las comisarías 1ra de San Justo, Noroeste 3 de La Tablada, destinada a la detención de mujeres, y 2da de Virrey del Pino del departamento judicial de La Matanza se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal están amenazadas y en riesgo".
En vista de los antecedentes señalados, la CIDH, consideró que el asunto reune prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. Por ello, solicitó al Gobierno Argentino que "adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas detenidas" en las comisarías nombradas.
Asimismo, pidió que "implemente un plan de contingencia inmediato a fin de reducir la duración de estancia prolongada en las comisarías identificadas, considerando la naturaleza temporal de las mismas, y tome acciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento, de acuerdo a estándares internacionales". También que "provea condiciones adecuadas de higiene en los recintos, acceso a agua para consumo humano y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas detenidas, de acuerdo a las patologías que presenten".
Además, solicitó que se adopte "las medidas necesarias para contar con planes de emergencia ante cualquier eventualidad, hacer disponibles extinguidores de incendios y otras medidas necesarias", y que "se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".
El Gobierno Argentino tiene 10 días para informar sobre las medidas adoptadas y, cabe resaltar, que la medida cautelar no constituirán un prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos u otros instrumentos apliacables.