El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley para el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad en un periodo no mayor a siete años. La iniciativa también impulsa la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia al ámbito porteño.
En el marco de la reforma integral del sistema judicial que impulsa el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo remitió al Senado un proyecto de ley tendiente a realizar la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la Ciudad al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reforma constitucional de 1994 estableció la autonomía política de la Ciudad, a la que confirió facultades propias en materias legislativa, jurisdiccional y de administración en virtud de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
En el fallo “Corrales”, la Corte Suprema de Justicia abandonó su criterio de equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales y pidió el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires al afirmar que "resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la CABA el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional".
Los ministros explicaron que “resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional”.
En este marco, el proyecto destacó que “corresponde al Estado nacional, la adopción de las medidas destinadas a completar el aludido proceso de autonomía, mediante actos que, como el presente, aspiran a garantizar el ejercicio de una jurisdicción plena en materia local por parte de la Ciudad”.
El texto reza que “la iniciativa y su modalidad progresiva de implementación imponen que se contemplen las dificultades actuales que se generan por la coexistencia en materia penal de dos órdenes jurisdiccionales que conviven en un mismo territorio y con una misma competencia en razón de la materia, aunque regulados por sistemas procesales diferentes”.
La iniciativa busca modificar ley 24.588, conocida como "Ley Cafiero", estableciendo que “la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieren a la Ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Dicha transferencia incluye a “magistrados, funcionarios, empleados, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada con los recursos según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional”, y su implementación se realizará de “forma progresiva en un periodo no mayor a siete años para garantizar el efectivo servicio de justicia”.
El proyecto garantiza también “la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad del que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos”.
La iniciativa oficial incluye, por otro lado, la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad, “sin perjuicio de las competencias y la información de carácter federal que deberá permanecer en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación”.