Cuando la Justicia no protege a las víctimas

El juez de la Corte de Justicia de Salta Abel Cornejo presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Garantías 2 del Distrito Judicial Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta y el fiscal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, en el marco de la causa donde se investiga el abuso de una niña wichi de 12 años. También solicitó la producción de distintas pruebas.  

El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2015, en el paraje Alto la Sierra, en el departamento de Rivadavia, cuando la menor, perteneciente a la etnia wichi, habría sido abusada reiteradamente por al menos ocho individuos, entre los que habrían participado algunos menores de edad. Sin embargo, el hecho tomó estado público en mayo, cuando un diputado departamental expuso la situación ante el recinto de la Cámara de Diputados.

En este marco, el ministro explicó que “el hecho habría ocurrido en la espesura de la selva, donde la víctima habría quedado inerte ante el salvajismo y la brutalidad con la que fue sometida y no tenía ninguna posibilidad de ser auxiliada”, y que al momento “habría tenido doce o trece años pero una edad madurativa correspondiente a la de una niña de seis años, y probablemente como consecuencia de los abusos múltiples habría quedado embarazada”.

No obstante, el juez del Alto Tribunal de Salta resaltó que el “fiscal (…) especuló que el embarazo podría ser anterior al abuso múltiple gravemente ultrajante”, y agregó: “Aún cuando esto fuese así, tal circunstancia no resulta relevante a los fines de la comisión del delito, en todo caso, si la niña hubiera estado en estado de gestación con fecha anterior, tal circunstancia incluso agravaría el execrable injusto al que fue sometida en total indefensión”.

La presentación expuso que “casi siete meses más tarde de la comisión del hecho aberrante por una banda de inadaptados, todavía ni el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los responsable (…)”. Asimismo, manifestó que recién a partir del 3 de junio, el juez comenzó a movilizar de “manera paquidérmica y con preocupante incuria la maquinaria judicial”.

Respecto a la situación de los imputados, el juez señaló que “hasta la fecha ninguno de ellos se encuentra detenido como correspondería", y que “bajo ningún concepto corresponde que se encuentren en libertad durante el proceso, ni que se les hubiera concedido el beneficio de la excarcelación”.

“Las medidas judiciales tomadas durante el procedimiento penal no fueron oportunas, ni eficaces, ni conducentes para el esclarecimiento del hecho. Todo lo contrario”, indicó el escrito. El juez también recalcó el hecho de “haber dejado trascender públicamente el nombre de la víctima, sin haber tomado recaudo ni seguridad alguna”.

Cabe recordar que días atrás, la niña fue sometida a una cesárea tras ser derivada en estado crítico consecuencia de su embarazo, en virtud de que la criatura que había gestado padecía de anencefalia. “No se conoce a esta altura, que ni el juez, ni el fiscal, ni otros funcionarios actuantes hayan ordenado diligencia alguna a favor de la víctima”, concluyó el magistrado.

La Corte provincial revisará lo actuado

La Corte de Justicia de Salta inició actuaciones mediante su Secretaría de Superintendencia para conocer lo actuado por el juez en la causa. El artículo 153 de la Constitución provincial le atribuye al Tribunal el ejercicio de la superintendencia de la administración de Justicia.

Por su parte, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta elaboró un detallado informe sobre la investigación. “Todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas a hacerlo, no cumplieron con lo dispuesto en los protocolos de atención integral para los casos de abortos punibles y para la atención integral de las víctimas de violaciones sexuales", afirmó el documento.