La Magistratura rionegrina rechazó la renuncia del camarista Juan Bernardi, procesado por “promoción de corrupción de menores”, ya que, según afirmó, debe ser el Superior Tribunal de Justicia el que decida. También se abrió un sumario al juez de Viedma, Favio Igoldi, por las numerosas denuncias de irregularidades en su contra.
El Consejo de la Magistratura de la provincia, que presidió en este caso Ricardo Apcarian, consideró que el rechazo de la renuncia presentada por Bernardi, que se encuentra procesado y enfrenta un juicio político, corresponde al Superior Tribunal de Justicia, por lo que el expediente volvió a ese organismo.
Apcarian planteó la objeción al Superior Tribunal de Justicia de la eventual aceptación de la renuncia de Bernardi, considerando que está avanzado el proceso de juicio político y la necesidad de concluir el trámite para arribar el final frente a la expectativa social existente.
Por su parte, la consejera Natalia Faluggi, por el Colegio de los abogados, con el apoyo de sus pares Nicolás Gómez y Jorge Manzo, se manifestó en contra del rechazo ya que consideró que el Consejo dispone de esa facultad y recordó un antecedente de rechazo en ocasión del enjuiciamiento del juez Penal de Roca Pablo Iribarren. El juez laboral Gustavo Lavayén, en representación de los camaristas, puntualizó que el Consejo no debía opinar ya que el análisis de la dimisión correspondía exclusivamente al máximo tribunal del Poder.
Por otro lado, la decisión de suspender por 180 días al juez penal Favio Igoldi por las numerosas denuncias que cuestionan su desempeño, se tomo de manera mayoritaria, con el voto en disidencia de Lavayen. Entre las denuncias que pesan en su contra, el magistrado está sospechado de entorpecer la investigación del incendio de los Tribunales de Viedma, que incluyó un enfrentamiento con la fiscal Itzia Soly.
Según el informe del legislador Adrián Casadei expresó que Igoldi denegó a la fiscal distintos allanamientos y detenciones de importancia para el expediente y, además, rescató errores ya planteados por la Cámara al juez en relación a “conductas contrarias al rito y las garantías constitucionales”.
Los Consejeros resolvieron suspender al juez por "mal desempeño de la función, al realizar actos de manifiesta arbitrariedad, demostrar reiteradamente ignorancia inexcusable de la legislación vigente y dejando de cumplir disposiciones contenidas en las normas de orden público”.