El proyecto de ley impulsado por el Gobierno para el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad ya generó críticas y adhesiones. Magistrados y funcionarios porteños comenzaron a debatir los aspectos centrales de la iniciativa.
Luego de anunciarse el envío del proyecto de ley tendiente a realizar la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la Ciudad al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asociaciones y funcionarios expresaron sus críticas y adhesiones.
A través de un comunicado oficial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó que existen “sólidas objeciones de orden constitucional a un eventual traspaso” al entender que “bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley”.
En segundo lugar, la entidad subrayó que “la reforma que se propicia no emerge de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, siquiera de una minoría significativa, no es auspiciada por los profesionales litigantes y mucho menos por los justiciables”.
“Un traspaso en las condiciones actuales, independientemente de las indelebles objeciones constitucionales antedichas, aparejaría un mero cambio de membrete a decisiones jurisdiccionales que en muchos casos se presentan demoradas en el tiempo merced al colapso funcional que registran los tribunales nacionales; ello independientemente de las complicaciones adicionales (…)”, señalaron.
La Asociación Compromiso Judicial también declaró su "preocupación" frente a la iniciativa. La entidad opinó que "no se advierte justificación válida para la transferencia, ni la incidencia que ella pudiera tener en relación al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, oportuno es recordarlo, tiene una estructura organizativa de muy particulares características y continúa siendo la Capital Federal".
"La prescindencia de la conformidad de quienes se intenta transferir implica, además, un avasallamiento de la investidura constitucional conferida mediante la intervención de los otros poderes del Estado Nacional en su designación", alegaron.
No obstante, algunas entidades y funcionarios se manifestaron a favor del proyecto. En este sentido, los Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresaron su “agrado” ante la decisión política de promover el traspaso de la justicia ordinaria a la órbita local.
“La concreción de ese traspaso redundará en la equiparación de los porteños al resto de los ciudadanos de la Argentina, en cuanto a su derecho de elegir a través de sus representantes a los jueces y magistrados del ministerio público encargados de la administración de justicia”, indicaron a través de un comunicado.
De igual forma, la ministra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg de Roca, transmitió “el respaldo de todos los tribunales de justicia locales a la transferencia de competencias" y manifestó que "se debe definir bien los alcances para delimitar lo que es o no federal y resolver las equiparaciones de cargos y salarios".
Por su parte, el ministro José Casás solicitó "avanzar en la concreción de la transferencia de competencias”, y concluyó: "Es una aspiración de la Ciudad manejar los temas locales en materia de justicia, tal como lo hacen las provincias".