La Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto de ley que propone la adopción de un "Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” que establece las pautas de acción y los lineamientos esenciales que deben seguir los agentes policiales en la prevención y represión del delito, como así también los miembros del Servicio Penitenciario.
Los Diputados santafesinos le dieron media sanción al proyecto de Ley presentado por la legisladora Alicia Gutiérrez, del Partido Solidaridad e Igualdad, que busca establecer las pautas de acción y los lineamientos esenciales que deben seguir los agentes policiales en la prevención y represión del delito, como así también los miembros del Servicio Penitenciario, propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
"Este Código no es un tratado, sino un instrumento que sirve de orientación a los gobiernos en cuestiones relacionadas a los derechos humanos y la justicia penal. En esta coyuntura, marcada por la inseguridad y el aumento de la violencia cotidiana, es imperioso que la provincia lo adopte y lo ponga en práctica. Sobre todo, se debe apuntar a la difusión del mismo y a su seguimiento por parte de los agentes lo cual garantiza el respeto de los derechos de todos los santafesinos y las santafesinas", explicó Gutiérrez.
Entre los artículos más destacados del Código, se establece que el uso de la fuerza debe ser excepcional y sólo debe recurrirse a ella cuando sea estrictamente necesario y la prohibición de infligir, instigar o permitir la tortura, el trato cruel o degradante.
La legisladora expresó que "con una fuerza provincial de seguridad pública estructurada sobre viejos preceptos, enraizados en épocas dictatoriales, esta etapa de transición hacia un sistema democrático reclama impregnar a los organismos del Estado de los principios constitucionales y la normativa internacional que tutela los derechos fundamentales de los seres humanos. Como plantea la resolución de la ONU, el modo en que se desempeñan aquellos encargados de hacer cumplir la ley en defensa del orden público tiene una repercusión directa en la calidad de la vida tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto".
Por ello, "la consagración legislativa de este ordenamiento propuesto por el Código de Conducta indica la dirección correcta por donde se debe avanzar en procura de garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas ya que plantea la cuestión de la ética profesional en la aplicación de la ley".